El gobierno nacional quedará a partir del próximo lunes habilitado a tomar una demorada decisión que se viene arrastrando de la gestión anterior: la suspensión preventiva de 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad social pero que son cobrados por personas que viajaron al exterior, algunas de ellas hasta en avión o cruceros. Se trata de un tema que involucra unos 12 mil millones de pesos mensuales.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, tomaron contacto con funcionarios judiciales para acelerar los trámites necesarios para instrumentar una solución rápida, a fin de impedir que, por tercer mes consecutivo, se paguen planes sociales a personas que no lo necesitan.
Es que a fines de octubre, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), Guillermo Marijuan, a través de una investigación preliminar detectó que 159.919 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. “Esta circunstancia es palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”, advirtió esa investigación.
Te puede interesar
Tras un entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron. Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.
Los nombres de los beneficiarios están en bases de datos que las tiene en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.
Con ese listado, el gobierno de Javier Milei estaría en condiciones de aplicar una medida preventiva inmediata: suspender el pago del beneficio y convocar a la ANSeS a los afectados a certificar en un plazo perentorio de 10 días su condición de “vulnerabilidad social”. Por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, indicó la investigación del fiscal Marijuan.