La diputada suspendida Janina Ortiz, actual esposa del exintendente Daniel Orozco, se quedó sin la chance de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza interviniera a su favor luego de que rechazara los argumentos de defensa interpuestos en ese máximo tribunal.
La abogada, María Elena Quintero, había presentado un recurso de inconstitucionalidad y casación contra lo que había decidido el juez Sebastián Sarmiento, pero la sala segunda de la corte lo rechazó por unanimidad.
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Con la rúbrica de los supremos Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro, el organismo rechazó rotundamente los planteos de la abogada defensora y por ello es que Janina Ortiz quedó al borde de la imputación judicial por las acusaciones en su contra: básicamente fraude al Estado.
En ese sentido, fuentes judiciales dijeron que en los próximos días la exsecretaria de Gobierno de Las Heras, debería ser citada para oficializar las imputaciones en su contra.
La primera de las investigaciones, donde Ortiz es protagonista, está abocada a esclarecer el destino de más de $35 millones que ingresaron a la cuenta bancaria del titular de la cooperativa Manos a la Obra.
Según la hipótesis fiscal, ese dinero “lejos de ser administrado por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizado y administrado por los sindicados en su favor y el de terceras personas”.
Ortiz, a través de su defensa, afirmó que nunca firmó esos acuerdos y también denunció que hay firmas de ella “adulteradas”.
Junto a Ortiz (actualmente sin fueros) están acusados en el expediente el Subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el Jefe de Licencias de Conducir Hernán Mostaccio, el Director de Compras, Mauricio Valle, el Secretario de Hacienda, Carlos Nofal, el Director de Asuntos Legales, Mauro Homan, el agente municipal Juan Pablo Pandolfi (familiar de Oyhenart), el Subdirector de Contaduría, Daniel Herrera y el titular de la cooperativa mencionada, Adrián Pérez.
La segunda causa es por “coacciones”, a base de la denuncia de una empleada municipal quien aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con un funcionario de Las Heras para grabarle una conversación.
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