Este lunes, el concejal Guillermo Américo Córdoba, representante del Partido Justicialista en Goya, Corrientes, fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en modalidad continuada y abuso sexual simple, cometidos contra tres mujeres que militaban junto a él en el Movimiento Evita. La condena fue emitida por el Tribunal de Juicio de Goya, presidido por el juez Jorge Carbone, con los vocales Julio Duarte y Ricardo Carbajal.
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2022 y 2023, el mismo año en que Córdoba asumió su cargo como concejal. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los cargos y la sentencia, el edil continuará en libertad hasta que la condena sea confirmada en instancias superiores. Este hecho ha generado controversia, ya que tanto los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo como la querella, representada por Conrado Rudy Pérez, solicitaron su inmediata detención, pedido que fue desestimado por el tribunal.
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Córdoba enfrenta restricciones mientras aguarda la firmeza de la condena: tiene prohibido acercarse o contactar de cualquier manera con las víctimas, no puede salir de Goya sin autorización judicial, y debe presentarse cada semana ante el tribunal. Además, se lo absolvió de los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad por falta de pruebas suficientes.
Un proceso judicial con 19 testigos
Las audiencias comenzaron el 12 de septiembre y durante el proceso declararon 19 testigos. El 25 de septiembre, el tribunal declaró por unanimidad la culpabilidad de Córdoba, y el lunes se confirmó la pena de prisión. Los testimonios de las víctimas y las pruebas presentadas fueron fundamentales para que el tribunal dictara sentencia, aunque la decisión de mantener al acusado en libertad ha generado un profundo malestar entre los allegados a las víctimas y sectores de la sociedad.
Este caso ha puesto en el centro del debate la falta de acción inmediata ante condenas por delitos sexuales, especialmente cuando los implicados ostentan cargos públicos.