Mendoza sería la primera provincia argentina en avanzar en el retiro de la telefonía celular en las penitenciarías locales luego de que el entonces precandidato a gobernador de Mendoza y actual ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, instalara -durante 2023- la idea de colocar inhibidores de señales y ahora el juez Sebastián Sarmiento planteara la necesidad de retirar todos los teléfonos en unos seis meses.
Sin embargo, la iniciativa del magistrado mendocino, contemplaría la excepción para las mujeres privadas de la libertad y que estén cumpliendo con el papel de madres en cualquiera de sus estados, desde el embarazo hasta la crianza de sus hijos.
La medida ya fue analizada por el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Luis Romero, quien valoró a la propuesta de Sarmiento al considerarla como equilibrada debido a la perspectiva de género que se observa en su conformación.
Según Sarmiento, el retiro de los teléfonos móviles a quienes cumplen con estadías en las cárceles de Mendoza, debería cumplirse en unos seis meses, luego de que se instalaran teléfonos públicos en las penitenciarías garantizando así la comunicación entre los internos y sus familiares y seres queridos.
El reclamo que hizo durante 2023 el actual ministro de Defensa, Luis Petri, fue basado en la ley que es identificada por su mismo apellido, la Ley Petri, que ya establecía la prohibición de los celulares en las cárceles del país. "Vamos a cumplir con la ley que expresamente prohíbe el uso de celulares en Mendoza y en todo el país. Si los jueces quieren cambiar las leyes que renuncien se presenten a elecciones. Para hacer efectiva la prohibición deben colocarse inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios", dijo en ese momento el abogado mendocino, autor de la ley provincial 8.465 y de la nacional 27.375.
La postura del Gobernador de Mendoza
En ese sentido, el mismo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien le ganó la interna dentro del Frente Cambia Mendoza a Petri, coincidió en la necesidad de avanzar con la inhibición de señales que ayer cobró fuerza luego de la resolución del juez Sarmiento.
A modo de defensa, el procurador mendocino había argumentado que el uso de celulares por parte de los privados de la libertad tenía la finalidad de paliar el límite económico que tienen los familiares de los detenidos al momento de mantener contacto con sus parientes presos en Mendoza. Sin embargo, la idea de Petri de ir en contra de dicho beneficio creció luego de caudal de votos obtenido en las internas -frente a Cornejo- al haber obtenido un 40 por ciento de los sufragios.
Romero, además de valorar la iniciativa de Sarmiento, deslizó la oportunidad de debatir el nuevo régimen carcelario en la Legislatura de Mendoza explorando más las herramientas que podría aportar el avance de la programación de aplicaciones con el fin de permitir solamente las comunicaciones que estén permitidas en forma oficial desde las penitenciarías.
Por el momento, las partes intervinientes en la determinación del magistrado podrán presentar una apelación a la nueva norma penal que de no producirse quedará efectiva obligando al Servicio Penitenciario de Mendoza a organizarse para su final aplicación.