El Juzgado Federal de San Luis ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de treinta personas por delitos electorales con intervención de funcionarios públicos ocurridos en la localidad de Arizona. La medida incluye a quince electores de otros distritos que denunciaron domicilios falsos para quedar habilitados ilegítimamente para votar en 2015; al exintendente de esa localidad, acusado de otorgar ilícitamente licencias municipales de conducir a los electores espurios a cambio de la promesa de recibir sus votos; la encargada local del Registro Civil, que según la imputación tomaba razón de los cambios de domicilio falsos sin cumplir con las verificación previa de los requisitos legales y reglamentarios exigidos al efecto; cuatro policías provinciales imputados por haber extendido con el mismo fin certificados de domicilio falsos; y a otras nueve personas que habrían oficiado como testigos en certificados policiales de residencia apócrifos. En la causa interviene el fiscal Cristian Rachid.
El fiscal Rachid destacó que, en 2015, el circuito electoral 111 Arizona-San Luis estaba compuesto por 852 electores en total; con lo cual, los delitos imputados pudieron incidir efectiva e ilegítimamente en la conformación de la voluntad de más del 8 por ciento del padrón electoral de la localidad.
Te puede interesar
La dirección de la investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, que compulsó y cruzó bases de datos, realizó constataciones de domicilios en las provincias de San Luis, La Pampa, Mendoza y Córdoba, impulsó tareas de inteligencia criminal durante el desarrollo de los comicios y propició allanamientos a las sedes de la Municipalidad y a la seccional del Registro Civil involucradas, adonde se obtuvieron antecedentes de esta maniobra.
Durante la pesquisa se descubrió que la mayoría de los domicilios investigados estaban individualizados como pertenecientes a "Zona Rural S/N"; "Zona Urbana S/N", "Planta Urbana", "M. Moreno S/N", y por tal motivo no se pudieron identificar, puesto que en Arizona no se consigna ni identifican zonas rurales, como tampoco zonas urbanas. En los casos en los que sí fue posible determinar el domicilio indicado, pudo corroborarse que los investigados no residían allí. La localidad de Arizona posee una cifra aproximada a los 1.040 habitantes. De acuerdo a la información recopilada, algunos de ellos manifestaron conocer la situación irregular denunciada ante la justicia, y entre los motivos tenidos en cuenta por los investigados para llevar adelante la maniobra se encuentra su interés para acceder al carnet de conducir expedido por la municipalidad.
La fiscalía imputó a los electores por haber denunciado falsamente ante la respectiva oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que se domiciliaban en el circuito electoral de Arizona, cuando ello no era real. Sostuvo que, de esta forma, lograron que la información fuera insertada en el registro público con un falso cambio de domicilio a ese lugar, que derivó en su asentamiento en el Registro Nacional de las Personas y en el Registro Nacional Electoral, lo cual habilitó consecuentemente a estas personas a sufragar ilegítimamente en un circuito electoral en el que nunca se domiciliaron.
"Como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte de los funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la maniobra (oficial del Registro Civil y policías provinciales) y, asimismo, extendió ilegítimamente las sendas licencias de conducir que proporcionó, a cambio de su promesa de voto", indicó la fiscalía respecto del exintendente.
Según indicó el representante del MPF y fue precisado en la resolución judicial, en todos los casos la maniobra obedeció a la posibilidad de obtener de modo ilegítimo la licencia de conducir expedida por el municipio de Arizona, no sólo por cuanto no se trataba de vecinos del lugar, sino porque tampoco se cumplía con los requisitos legales para la obtención de la habilitación. En este contexto, el entonces intendente se veía beneficiado con el sufragio de esos falsos electores, dado que es el padre del candidato que finalmente resultó electo para sucederlo en el cargo.
De acuerdo con la decisión judicial, la maniobra contó con la participación criminal de la encargada de la seccional local del Registro Civil, quien inscribió los falsos cambios de domicilio sin verificar el cumplimiento de los recaudos legales preestablecidos. También participaron los efectivos policiales que extendieron certificados de domicilio sin el cumplimiento de las diligencias legalmente exigibles.
El rol del intendente
La fiscalía imputó a un total de setenta electores, pero una cantidad importante las declaraciones indagatorias requeridas no pudieron concretarse a la fecha. A los fines de dimensionar la posibilidad de perjuicio de la maniobra, el fiscal Rachid destacó que, en ese entonces, el circuito electoral 111 Arizona-San Luis estaba compuesto por 852 electores en total; con lo cual, los delitos imputados pudieron incidir efectiva e ilegítimamente en la conformación de la voluntad de más del 8 por ciento del padrón electoral de la localidad.
El por entonces intendente fue imputado por su participación y se indicó que la motivación era obtener el voto de aquellos falsos electores, a favor de su hijo, candidato -electo- a intendente en la misma localidad en las elecciones de 2015. Para el Ministerio Público, su participación se reputó imprescindible, pues desde su posición y competencias a cargo del ejecutivo municipal pudo organizar y configurar el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación criminal.