Con el foco puesto en dinamizar el mercado laboral y responder al acuerdo con el FMI, el Gobierno nacional pondrá en marcha una nueva etapa de reformas estructurales. Esta vez, la prioridad será avanzar con una ambiciosa reforma laboral que planea enviar al Congreso en los próximos meses. La Casa Rosada apuesta a que la Confederación General del Trabajo (CGT) se sume a la mesa de negociaciones para evitar un enfrentamiento directo con el sindicalismo.
Desde el Ejecutivo insisten en que el camino será el del consenso: “Nuestra intención es que haya diálogo. Vamos a intentar reunir los consensos”, afirman. Para facilitar ese acercamiento, el Gobierno dejará en pausa las reformas impositiva y previsional, también comprometidas con el Fondo Monetario Internacional. “Sin un cambio en el régimen laboral, no tiene sentido avanzar con el resto de las reformas”, justifican en el oficialismo.
Reforma laboral
El proyecto que se está preparando contempla cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). El objetivo central: reducir la injerencia del Estado en los acuerdos entre trabajadores y empresas. Uno de los puntos más sensibles que se barajan es la posible eliminación de la homologación estatal de las paritarias, una medida que podría alterar significativamente el esquema de negociación colectiva.
A esto se suman otras iniciativas de alto impacto para las organizaciones sindicales: se evalúa permitir que el pago de la cuota solidaria sea optativo, lo que afectaría sus ingresos; establecer la obligatoriedad de elecciones internas periódicas supervisadas por la Justicia Electoral; y avanzar con convenios específicos por sector para reemplazar los convenios colectivos generales.
Otro de los ejes será restringir el derecho a huelga en sectores considerados “esenciales”. La propuesta oficial incluiría declarar como tales a al menos el 50% de áreas críticas como salud, transporte, telecomunicaciones y educación. En paralelo, se promoverá el uso de la mediación y el arbitraje como herramientas para desactivar conflictos antes de que escalen a instancias judiciales.
La iniciativa también retoma debates que ya tuvieron eco en el Congreso. En 2024 se aprobaron medidas como la eliminación de multas al empleo no registrado, la extensión del período de prueba a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo. El Gobierno mantiene además su postura de no convalidar aumentos salariales por encima de la inflación.
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En el frente político, el diálogo con la CGT estará encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El Ejecutivo buscará tender puentes con los principales referentes sindicales: Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).
Pese al último paro general, en el oficialismo aseguran que la relación con los gremios sigue en pie. “El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo”, remarcan cerca del Presidente.
Uno de los puntos más álgidos que ya había generado tensión con los sindicatos fue el artículo 94 de la Ley Bases, que autoriza el despido con causa por bloqueos o tomas de establecimientos. En septiembre de 2024, el Gobierno accedió a no reglamentar ese artículo como gesto hacia la CGT, pero no lo descarta en un futuro.
La reforma laboral se perfila así como la madre de todas las batallas en el Congreso durante los próximos meses. Con una oposición fragmentada y un sindicalismo en alerta, el Gobierno intentará equilibrar presión y negociación para avanzar con un cambio de fondo en las reglas del trabajo en Argentina.
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Otro paro y van...
La CGT cambió la fecha de la marcha por el Día del Trabajador: será el 30 de abril y no el 1° de mayo. Sorpresivamente, el cambio obedeció a temas organizativos: algunos sindicalistas dijeron que sus afiliados iban a descansar el mismo 1° de mayo y por eso lo anticiparon a una jornada laborable, que, en la práctica, acentuará el carácter opositor de la movilización porque afectará las tareas.
La decisión, sin embargo, no es compartida por muchos dirigentes que en la reunión de Consejo Directivo prefirieron quedarse en silencio. “Nuestro día es el 1° de mayo. Es un papelón no salir a la calle cuando nos corresponde”, criticó un líder sindical. Donde hubo unanimidad fue en la aprobación de la visita de la CGT a la Comisión de Legislación del Trabajo, la semana próxima, para exponer en contra de proyectos que establecen, entre otros puntos, la prohibición de la cuota solidaria, la principal fuente de financiamiento de muchos sindicatos a través de aportes compulsivos en los convenios colectivos de trabajo.