Ayer jueves -14 de marzo de 2024- sucedió en el Senado de la Nación algo inédito y esperable: el Cuerpo rechazó (con amplitud) el decreto de necesidad y urgencia que con mucha pomposidad anunció el presidente de la Nación el 20 de diciembre del año pasado.
El análiis de Parlamentario marcó que, rodeado de sus ministros y aquellos que colaboraron en la escritura de esa norma, en esa oportunidad Javier Milei anunció ese DNU que, según sostuvo entonces, incluía más de 300 modificaciones de leyes y decretos, entre las que figuraban las leyes de Alquileres, Góndolas, Tierras y de Promoción Industrial; modificaba el régimen laboral y habilitaba la privatización de empresas públicas, entre muchas otras cosas.
“Hoy damos el primer paso para terminar el modelo de decadencia”, anunció Milei esa noche, en horario prime time, al detallar el texto titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.
Rechazado este jueves por el Senado, el decreto debería correr el mismo destino en la Cámara baja para su rechazo definitivo, según establece la Ley 26.122, aprobada en el año 2006.
Por lo pronto, ya no necesita seguir siendo tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que recién hace pocas semanas había comenzado a analizarlo. De hecho, para el jueves que pasó estaba prevista una reunión de la misma, que fue suspendida por la sesión en el Senado.
La realidad es que todos los tiempos que establece la ley para su tratamiento estaban ya vencidos. La Ley 26.122 dice que el Poder Ejecutivo tiene que someter el DNU correspondiente a consideración de la bicameral dentro de los 10 días de dictado. Y esa comisión debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
Como los plazos ahí también estaban excedidos, fue que la Cámara alta hizo uso de la prerrogativa que le otorga la ley para abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.
Según establece el artículo 24 de la Ley 26.122, el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
El tratamiento en Diputados
A diferencia de la Cámara alta, donde la presidenta del Cuerpo tuvo que acceder a convocar a sesionar e incluir su tratamiento en el temario -cosa que despertó la ira presidencial y del mileísmo puro y duro-, la convocatoria en la Cámara de Diputados no depende de los designios de Martín Menem, en este caso.
Allí, el artículo 35 del Reglamento de la Cámara baja señala que “las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión”. Esto es, en Diputados están en condiciones de convocar más temprano que tarde a sesionar. Nada pueden hacer las autoridades contra ese pedido. El artículo 36 señala que “en cualquiera de los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión”.
La realidad en la que “descansa” el Gobierno en la actualidad es la certeza de que no están los votos para voltear definitivamente al DNU. En Diputados, la oposición más dura estaría necesitando 25 votos que debería conseguir dentro de la “oposición dialoguista”, y eso no sucederá de momento. Habrá que ver qué cantidad de aquellos que militan contra el DNU e integran esas huestes estarían dispuestos a unirse a UP y la izquierda, que para ellos representan una suerte de “mancha venenosa”.
Poroteemos: UP tiene 99 integrantes, más la izquierda 5= 104. Esa es la base sobre la que parte la oposición dura para este y otros temas. Esas 25 voluntades deberían surgir de entre los 34 radicales, los 23 de Hacemos Coalición Federal, y los 9 de Innovación Federal.
Sí deberían ser contados los 2 santacruceños, pues en la Cámara alta los dos senadores votaron en contra a viva voz.
De entre los más duros de Hacemos Coalición Federal, los dos socialistas y Margarita Stolbizer serían afines al rechazo del decreto. Podría sumarse a Natalia de la Sota, rebelde entre los cordobeses. La Coalición Cívica podría aportar 6 votos más… pero no se los imagina alineándose para tal fin con UP. De hecho, ante una consulta de parlamentario.com, un miembro de ese espacio descartó que vayan a trabajar para una sesión para voltear el DNU. Pero advirtió: “Lo que pasa es que el desgaste del Gobierno con el Parlamento se está acelerando. Que no bajaran el Pro y la UCR para emplazar por jubilaciones no ayuda. Pero dada la fragilidad del gobierno no vamos a hacer nada para complicarlo”. Pero cerró advirtiendo que, si desde el Gobierno se sigue atancando al Parlamento, “en algún momento tendremos que defender la institucionalidad”.
En el radicalismo hay diferencias, que quedaron exteriorizadas esta semana con la movilidad jubilatoria. Pero habría más diputados, alineados con Martín Lousteau que podrían engrosar la lista. Como Danya Tavela, que salió a apoyar al presidente del radicalismo con este mensaje en X: “Coherencia, convicción y valores republicanos. El DNU es inconstitucional. Un Estado productivo, el desarrollo social y el crecimiento económico es con la Constitución”.
Como sea, ya se sabe que además de con el dedo, se vota a veces con la cola. Y eso se verá en cuanto la oposición dura comience a convocar a sesiones para tratar de derogar el DNU. Por ahora, sin chances para alcanzar el quórum; se verá si con el correr del tiempo, el desgaste oficial la proverbial ira presidencial, el número va creciendo camino a 129.
Quedan más de tres años y medio por delante.