Este viernes, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron un proyecto de ley que enviarán al Congreso para reducir la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 13 años. La iniciativa, denominada Ley Penal Juvenil, busca reorganizar el Código Penal en función del delito cometido y establecer medidas específicas para el tratamiento de adolescentes infractores.
Detalles del proyecto de Ley Penal Juvenil
El proyecto establece que los adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos podrán ser privados de su libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo". Además, se debe notificar a los padres sobre la imputación y los actos procesales correspondientes.
El texto del proyecto especifica que las penas para los adolescentes serán de 3 a 6 años de prisión, siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica, lesiones gravísimas en delitos culposos, y que el infractor no registre otros procesos o condenas. Asimismo, el fiscal podrá prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tiene una pena inferior a seis años y no concurren circunstancias agravantes.
El proyecto también contempla la posibilidad de mediación penal con la víctima o sus representantes cuando la pena sea inferior a seis años. Para penas que no excedan los tres años, se podrá acceder a la probation. Además, se propone una pena máxima de 20 años, y aclara que al cumplir los dos tercios de la condena, el tribunal podrá disponer medidas alternativas. Si estas se incumplen, se reemplazarán por sanciones más severas.
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Medidas alternativas a la privación de libertad
El proyecto sugiere que las penas puedan reemplazarse por amonestación, prohibición de acercarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, de asistir a ciertos lugares (como establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.
Además, establece que el cumplimiento de las condenas deberá ser verificado por jueces o fiscales, y también por la víctima si así lo desea.
Investigaciones en casos de menores no imputables
Para menores no imputables (aquellos menores de 13 años), el juez igualmente investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la posible intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico y un informe ambiental, además de dar intervención a otros organismos. Si existe riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, podrá ordenarse su internación para su readaptación social.
Este proyecto busca reformar el tratamiento penal de los adolescentes en Argentina, adaptando las penas y medidas a la gravedad del delito y proponiendo alternativas a la privación de libertad para fomentar la rehabilitación y reintegración social.