En sintonía con las demandas públicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno nacional decidió quitarle el control de entre 180.000 y 200.000 planes sociales a las organizaciones sociales y traspasarlos a la órbita de las provincias y los municipios.
Se trata de un reordenamiento del programa “Potenciar Trabajo”, que actualmente reciben 1,2 millones de personas en todo el país y que monopolizan las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras.
La medida ya está siendo trabajada por el equipo legal del ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta, quien este miércoles mantuvo un tenso encuentro con dirigentes piqueteros, que vienen reclamando el aumento de cupos del Potenciar Trabajo. La respuesta oficial fue tajante: no habrá más planes sociales para las cooperativas, aunque hay espacio para discutir sobre la entrega de mayor asistencia alimentaria y de herramientas de trabajo.
Esa cartera realizó auditorías que revelaron irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias entre el Estado y el beneficiario. Incluso, la decisión del Gobierno nacional se da pocos días después de que se conociera que el Polo Obrero le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización.
En Mendoza existe un casi similar, revelado por El Sol, que tiene como protagonista a la OLP (Organizaciones Libres del Pueblo), movimiento que exige a sus integrantes el depósito del 10% de lo que cobran por el programa Potenciar Trabajo.
Entre los beneficiarios que empezarán a percibir el Potenciar Trabajo desde los municipios o las gobernaciones figuran aquellos que pidieron el cambio de Unidad Ejecutora, precisamente, por tener que pagar un porcentaje a intermediarios.
Dentro del enorme universo de planes sociales, el Movimiento Evita (entre 100.000 y 150.000 Potenciar Trabajo), Polo Obrero (60.000) y Barrios de Pie (60.000) son las organizaciones que más cupos reciben. Las dos últimas lideran el frente Unidad Piquetera, que también integran otras agrupaciones de izquierda que reciben programas y se manifiestan de manera sistemática en contra del Gobierno a través de acampes o cortes.
El Potenciar Trabajo tiene un presupuesto anual de $ 227.100 millones, pero en lo que va del año, aun sin aumento en los cupos, ya le demandó al Estado casi $ 150.000 millones. Es decir, el 70% de estipulado para todo el año. Así las cosas, hará falta incluir alrededor de $ 32.000 millones extra para ese programa.
La medida ya recibió los primeros cuestionamientos públicos desde las organizaciones sociales. Un dirigente afín al movimiento piquetero, Luis D´Elía, cargó directamente contra la vicepresidenta. En un tuit, ironizó: “Extraordinaria la propuesta de Cristina Kirchner de entregarles el manejo de los planes sociales a los intendentes; en los Municipios no hay punteros políticos, no hay corrupción, ni cocinas y distribución de drogas, ni negocios raros; es la forma ideal”.
Cristina Kirchner, entre otras cuestiones, pidió que “la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada” y apuntó contra las organizaciones sociales. Ese mensaje provocó la respuesta de Alberto Fernández, quien defendió a los piqueteros: “Las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado”.