El partido justicialista presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de San Martín para que la municipalidad, encabezada por Raúl Rufeil, explique la presencia de una gran cantidad de medicamentos veterinarios y humanos en la Casa de la Cultura, una dependencia municipal.
El concejal Alejandro Ravazzani (PJ) aseguró que esperan una respuesta urgente del oficialismo y no descartó que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, se utilice el camino judicial. "Esperamos que lo cumplan. En mi caso, tengo pedidos de informes presentados hace dos años y medio", agregó.
Ravazzani dijo que la Casa de la Cultura, ubicada en el corazón de la ciudad, albergaba una gran cantidad de medicamentos que no se corresponden con la función cultural de la dependencia. "Eran muchos los medicamentos encontrados. Han estado dos días, por lo menos, inventariándolos. Rufeil me dijo que el desconocía el tema y que iba a investigarlo", relató.
El concejal cuestionó la versión del secretario de Gobierno de la comuna, Mauricio Petri, quien dijo que los medicamentos están relacionados con los operativos de castración veterinaria realizados en la municipalidad. Ravazzani sugirió que parte de la medicación puede haber sido destinada originalmente a hospitales y centros de salud.
"Sería un despropósito que exista una habitación llena hasta el techo de medicación humana del Ministerio de Salud de la Nación habiendo los faltantes que todos conocemos", expresó Ravazzani. "Yo vi cajas que contenían 400 ampollas de un producto, cerradas y rotuladas con una leyenda que prohibía su comercialización. O sea que difícilmente sean de una donación".
La respuesta de la Municipalidad de San Martín
La municipalidad descartó cualquier tipo de irregularidad y prometió responder inmediatamente a un pedido de informe con "todas las pruebas que acrediten que se trata de insumos quirúrgicos de carácter veterinario".
Ravazzani anticipó que si no se obtiene una respuesta satisfactoria, analizarán ir a la Oficina de Ética Pública o, en última instancia, a la Justicia. "No puede producirse ese tipo de demoras en la información. Hay una Ley de Información Pública que así lo dice, y es una ley nacional a la que Mendoza ha adherido".
El plazo para aguardar una respuesta es de 15 días, pero Ravazzani aseguró que esperan una respuesta urgente. "Esperamos que lo cumplan -recalcó-. En mi caso, tengo pedidos de informes presentados hace dos años y medio".