En la República Argentina, y en cualquier nación con un constitucionalismo democrático, los ciudadanos pueden tener cualquier creencia religiosa sin estar obligados a censurarla de una manera o de otra, y en consonancia con sus creencias en tanto son actos privados que la propia Constitución Nacional defiende de la intervención Estatal y de terceros. Pero no es el caso cuando un funcionario público especialmente el primer magistrado hace una exhibición excesiva y persistente de su particular creencia religiosa que asume como destino vital.
Pocos días antes de la ceremonia de asunción de la presidencia de la República, el 10 de diciembre del año 2023, el presidente electo Javier Milei visitó la tumba de un importante rabino estadounidense en el cementerio judío de Montefiore, en la ciudad de Nueva York, y luego recibió una bendición general de un importante líder de la comunidad religiosa judía, usando en ambos casos los símbolos religiosos litúrgicos. Pero esa una manifestación más de una ya creciente exhibición de una adhesión emocional y confesional por el judaísmo como religión, y por el estado de Israel como proyecto político nacional.
Entonces, cabe preguntarnos qué relación puede haber entre estas dos cosas, un ciudadano con determinadas creencias y el presidente de la república, porque claramente si el ciudadano con sus creencias decide como presidente de la república, está transformando sus creencias personales en la doctrina del Estado, sometiendo los deberes públicos a lo que corresponde al ámbito privado, y esto es incompatible con un sano ejercicio de sus funciones ejecutivas. Pero además de una incompatibilidad funcional intrínseca al ejercicio de la función del presidente de la república, hay un problema mucho más grave, que es la propia cuestión en donde la Argentina estaría siendo involucrada por culpa de las creencias personales del presidente de la república. Este tema hay que mirarlo con algún detalle.
El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas vota el plan de partición del mandato británico en Palestina dando lugar a una nación judía y una nación árabe básicamente palestinos. Este plan fue rápidamente superado por la guerra de 1948 que estableció las fronteras del actual Israel hasta 1967, y directamente hizo desaparecer la posibilidad de un estado palestino.
Eso ya marca una falta institucional en el propio origen del estado de Israel, cuestión que se ha ido agravando marcadamente en el tiempo, quedando una extensa población palestina desplazada que vive en campo de refugiados, con los problemas sociológicos, económicos e institucionales que ello conlleva; un conflicto que ha surgido sobre factores étnicos, y luego crecientemente sobre factores religiosos, lo que pone al problema nacional palestino como una cuestión mucho más compleja y difícil de abordar.
La República Argentina no debe alinear su realización nacional, incrementando su relación y sus alianzas estratégicas, exclusivamente con alguna de las partes de este complejísimo problema, ya que hemos explorado en administraciones anteriores estas relaciones, y han abierto una ventana de vulnerabilidad inédita materializada en los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Por supuesto que nuestra nación debe tener relaciones francas con todo el mundo en bases mínimas de comercio, circulación de personas, turismo, etc, pero la República Argentina debe mantener una estricta neutralidad en conflictos bélicos que le son ajenos.
Cualquier gesto que la República Argentina lleve a cabo comprometiéndose en la situación extremadamente ambigua, no hace más que acrecentar el riesgo de nuestra nación y de nuestros habitantes, así por ejemplo el proyecto enunciado por el presidente Milei en su visita oficial al Estado de Israel en febrero del año 2024, de trasladar la embajada argentina de la capital política del Estado israelí a Jerusalén, una ciudad conquistada por la fuerza en 1967 que tenía una gestión compartida, y que hoy en día tiene un dominio que no es reconocido por los países de la región, o sea es una capital política no reconocida con lo cual es una zona de conflicto potencial creciente.
Nuestro destino nacional se va a realizar en la patria grande latinoamericana y no en otras áreas o regiones, cuyas dinámicas históricas y políticas son complejas y no se pueden abordar con una visión maniquea de “acá están los buenos y ahora están los malos”. La multitud de razones y motivos es tan compleja y de tan distintas clases, que es un conflicto apto para el análisis académico de los expertos en relación internacionales, pero no para la política exterior Argentina.
Si un ciudadano, por motivos religiosos tiene una particular afición por uno de los protagonistas de esta compleja situación, como ciudadano particular tiene todo el derecho del mundo de elegir lo que quiera elegir por supuesto, pero el ciudadano Javier Gerardo Milei es el presidente de la República. Es decir, sus aficiones personales, sus creencias religiosas personales no deben ser considerados para el ejercicio de la función pública de Jefe de Estado.
Bien cabe una sola solución a este tema: si el ciudadano Javier Milei desea un compromiso absolutamente integrado con su preferencias religiosas y nacionales puede hacerlo, pero para ello debe renunciar al cargo que actualmente tiene, sino debiera adoptar una postura acorde a la investidura presidencial que porta desde el 10 de diciembre.
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