En ese sentido mencionó a los diputados que acompañan el proyecto: Martín Tetaz, Pablo Torello, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Danya Tavela, Paula Omodeo, Marcela Antola, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Carolina Castets, entre otros.
El conflicto en la provincia cuyana se basa en que la oposición denuncia negligencia, desidia y un erróneo desempeño en el INAI respecto a las tierras mendocinas cedidas desde el oficialismo se amparan en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, sosteniendo que "las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley".
En los últimos días trascendió que esas comunidades mapuches tuvieron diversas dificultades para demostrar a la Justicia la posesión ancestral por su pasado escurridizo entre los dos lado de la Cordillera de los Andes.
En 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años. Sin embargo, dicha declaración fue prorrogada, sin rendición de cuentas ,en el Congreso de la Nación durante unos 17 años sin resolución
La última fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, en 2022, por el cual se extendió la vigencia de la ley hasta el 23 de noviembre de 2025, momento en el que se asignó un presupuesto extra de 290 millones por cada año para realizar los relevamientos a cargo del Estado provincial que no ocurrió en el caso actual de Mendoza.