En medio de la polémica por las “irregularidades” detectadas en los planes sociales, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó iniciar una investigación, por lo que le exigió información a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
La polémica se desató cuando se conoció un informe de la AFIP que indicaba que más de 250 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo compraron dólares y declararon Bienes Personales.
En un primer momento, la ministra aseguró que “no se puede ratificar que haya habido irregularidades”, según dijo. Sin embargo, días después, se comprometió a “ordenar las políticas sociales”, pero llamó a evitar la “doble estigmatización”.
A su vez, reconoció que “947 titulares pasarán a ser suspendidos y estarán en una etapa de evaluación”, así como también darán de baja a los 2.800 beneficiarios que habían fallecido. De igual forma, aclaró que “el 99.7% de las personas que están dentro del plan le corresponde el beneficio”.
Una vez que se conoció el resultado del entrecruzamiento de información con la AFIP, el fiscal Guillermo Marijuan realizó una investigación preliminar y radicó una denuncia que quedó a cargo del juzgado federal 11, a cargo de Julián Ercolini.
Ercolini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien tomó también la denuncia realizada por el diputado Waldo Wolf. Así, con las dos denuncias, el fiscal solicitó la información correspondiente.
De acuerdo con la información de NA, las mayores sospechas son que gente que tiene empleo formal registrado, algunos prófugos de la Justicia o bien titulares de locales comerciales, así como arrendatarios o usufructureros percibían el Potenciar Trabajo.
Taiano solicitó a la AFIP el informe completo y al Banco Central pidió que se notifique “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”.
En paralelo, Marijuan abrió otra investigación preliminar para analizar la conducta de la ministra Tolosa Paz, por solo dar de baja a los beneficiarios que fallecieron y a quienes serán puestos en evaluación, pero no a los 250 mil que presentan irregularidades.