El Gobierno puso en marcha la primera fase del plan para auditar las pensiones por invalidez laboral no contributivas, en conjunto con el PAMI. La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunció que este viernes se enviarán 299.423 cartas documento a beneficiarios residentes en Chaco, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
El propósito de este operativo es confirmar que quienes reciben este subsidio cumplen con los requisitos exigidos, garantizando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. Cada persona notificada recibe información sobre la fecha, el horario y el lugar de la auditoría, la cual será realizada por un médico del PAMI.
Durante la revisión, el profesional de la salud evaluará la documentación y los estudios médicos vinculados a la discapacidad laboral declarada. Para continuar percibiendo la pensión, el beneficiario debe demostrar que posee una discapacidad que le impide trabajar, con un grado de invalidez igual o superior al 66%.
Revisión masiva de pensiones: el siguiente paso
Luego de la evaluación médica, en un plazo máximo de 30 días se deberá remitir a la Andis una copia de la documentación y del certificado emitido por el prestador de PAMI, con el fin de verificar la información recopilada. Si un beneficiario no se presenta tras múltiples citaciones, su pensión podría ser suspendida.
Por el momento, las auditorías se han concentrado en siete provincias, pero el plan prevé extenderse progresivamente al resto del país. La distribución de notificaciones se realiza en etapas debido a la capacidad operativa del servicio postal, y el objetivo es auditar a más de un millón de beneficiarios en los próximos meses.
El operativo comenzó en 2024 y, de las 22.417 pensiones revisadas hasta ahora, solo el 20% cumple con los requisitos establecidos. Además, se detectaron 150 casos de personas fallecidas que seguían cobrando el subsidio, 212 beneficiarios que se encontraban en prisión y, en octubre, la detención de 14 prófugos que percibían la pensión de manera fraudulenta.
Esta revisión masiva ocurre en el marco de un sistema de irregularidades que se arrastra desde hace años en la Andis. Durante la gestión de Néstor Kirchner, la cantidad de pensionados creció un 183%; en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el aumento fue del 143%, y en el segundo, del 47,93%.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, se registró un nivel de reducción del -1,9%, mientras que bajo la administración de Alberto Fernández el número de beneficiarios volvió a incrementarse en un 18,46%. Se trata de cifras sin precedentes, incluso en comparación con períodos de crisis extremas.
Completada la primera fase del envío de notificaciones, la siguiente etapa será a cargo de los médicos del PAMI, quienes llevarán a cabo las entrevistas y requisitos necesarios para garantizar que todos los beneficiarios sean evaluados.
Posteriormente, se procederá al análisis de la información recopilada: los especialistas de la Andis revisarán la documentación de cada caso. Finalmente, se emitirán los dictamenes y resoluciones correspondientes, determinando si cada beneficiario cumple con los requisitos para seguir cobrando la pensión o si, por el contrario, corresponde su suspensión.
Si bien el Gobierno incorporó al PAMI en este proceso para ampliar el alcance de las auditorías, en algunas provincias ya se realizaban controles similares. Un ejemplo es Chaco, donde se han iniciado procesos judiciales por la entrega de pensiones fraudulentas. Ante la falta de estructura de la Andis en ciertos territorios, se ha recurrido a organismos como el PAMI y la ANSES para adelante llevar una investigación exhaustiva