El Gobierno nacional anunció la implementación de una auditoría exhaustiva destinada a identificar posibles irregularidades entre los 1.223.864 beneficiarios de pensiones por invalidez. Se estima que hasta medio millón de estas pensiones podrían haber sido obtenidas de manera fraudulenta, mediante la manipulación de los procedimientos necesarios para su otorgamiento y se habrían desviado se habrían desviado USD 3.400 millones.
Todo surge a raíz de una denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán que señala la posible implicación del expresidente, Alberto Fernández, así como de los entonces Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Espósito y Fernando Gastón Galarraga, y la exdirectora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez.
Según Marijuán, estos funcionarios habrían defraudado al Estado Nacional mediante un plan sistemático implementado entre 2020 y 2023. Este plan consistiría en la flexibilización deliberada del proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, permitiendo la asignación masiva e irregular de estos beneficios con fines políticos y de favoritismo hacia gobernadores e intendentes.
De acuerdo con el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios actuales, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial, tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro.
En caso de confirmarse estas acusaciones, se estima que la revisión y cancelación de pensiones indebidas podría resultar en un ahorro significativo para el Estado, calculado en aproximadamente 100.000 millones de pesos mensuales en gastos en pensiones.
La normativa dice que la pensión por invalidez debe otorgarse a aquella persona que, en edad de trabajar, sufre y puede demostrar una incapacidad laboral del 76%. Y que demuestre que está en situación económica vulnerable.
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones donde más irregularidades se detectó.
En tanto, en Mendoza también se investigará la situación de los 47.414 los beneficiarios (el 3,9% del total nacional) de pensiones por discapacidad.