El expresidente Alberto Fernández presentó, por medio de su abogada, un pedido para postergar su indagatoria en la Causa Seguros y reclamó por la nulidad de su declaración. Así lo planteó Mariana Barbitta, representante del exmandatario argentino que debía presentarse ante la Justicia el 20 de noviembre y fue postergado para el 27 del mismo mes, aunque ahora busca extender aún más este tiempo.
La abogada defensora sostuvo que «el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada», en referencia al juez Ercolini, recusado al comienzo de esta causa y por el cual la Corte Suprema de Justicia todavía no se expresó. Con este argumento, además de la «falta de claridad y precisión» sobre la imputación del expresidente del Partido Justicialista (PJ), plantean que el dirigente no debe declarar.
Por su parte, el fiscal plantea que por medio del decreto 823/21, Alberto Fernández benefició a sus amigos y cercanos, otorgándole el monopolio de Nación Seguros. Teniendo en cuenta esto, acusan al expresidente de un «direccionamiento» de casos y de dinero en favor de personas cercanas a él, quienes además se encargaron de contratar a otras aseguradoras para que realicen las pólizas millonarias.
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Los otros involucrados en la Causa Seguros
Además del expresidente, otros funcionarios de Nación Seguros y beneficiarios del decreto mencionado deberían presentarse ante la Justicia a indagatoria. Ellos son Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, secretaria y persona de confianza de Alberto Fernández. Es por medio de ellos que detectan un direccionamiento en favor de personas del entorno del mandatario.
Sin embarg, también citaron a Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. Algunos de ellos habrían implementado, según la Justicia, un mecanismo de direccionamiento. Se sospecha que realmente había una «pantalla» con el tema de los seguros y que entre todos ellos se quedaban con las pólizas millonarias por los bienes e inmuebles estatales que necesitaban ser asegurados.