Esta mañana, la justicia decidió liberar a dos capataces y dos albañiles que estaban detenidos en el marco de la investigación por el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, ocurrido la semana pasada y que causó la muerte de tres personas, además de una herida y cinco desaparecidos entre los escombros. Sin embargo, el arquitecto Jorge Enrique Bonavita y el contratista Rubén Taquichiri seguirán detenidos por su presunta responsabilidad en las obras de remodelación que, según la fiscalía, habrían generado la inestabilidad estructural.
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Los liberados y los sospechosos principales
Los liberados fueron identificados como Celso Paco Pérez, Sergio Paco Laura, Miguel Choque Juchani y Diego González, quienes trabajaban en el sitio en funciones de albañiles y capataces. La fiscal Verónica Zamboni consideró que estos empleados no tenían capacidad de decisión sobre las reformas que se realizaban en el edificio de diez pisos. Distinta es la situación de Bonavita, arquitecto a cargo del mantenimiento y las reformas del hotel, y de Taquichiri, encargado de las obras para la instalación de un elevador, señaladas como posible causa del derrumbe.
La situación del arquitecto y el contratista
Bonavita, de 55 años y oriundo de General Madariaga, se negó a declarar y es visto como el más comprometido en la causa. Según fuentes judiciales, fue visto dando órdenes en el lugar antes del colapso, lo que podría demostrar su conocimiento de las posibles fallas. Además, Bonavita se presentó en el lugar del siniestro durante las primeras horas del rescate, aportando planos y colaborando activamente en el operativo como bombero voluntario, lo que generó suspicacias en la fiscalía. Para los investigadores, su intento de cooperar en el rescate podría haber sido un intento de reducir su responsabilidad ante los hechos.
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Un caso de estrago doloso agravado
El juez de Garantías N°6 de Dolores, David Mancinelli, accedió al pedido de la fiscal Zamboni para mantener detenidos a Bonavita y Taquichiri bajo la acusación de estrago doloso agravado por muerte y lesiones, un delito grave que podría acarrear penas de prisión significativas. La investigación continúa con el análisis de pruebas y testimonios, mientras más de 350 rescatistas siguen trabajando intensamente para localizar a las cinco personas aún desaparecidas entre los escombros.