La Policía de la Ciudad desarticuló una red criminal internacional que se dedicaba al desbloqueo ilegal de teléfonos iPhone robados en Brasil, Chile y Argentina, y al tráfico de piezas y repuestos. A través de una investigación exhaustiva, se logró identificar y detener a cuatro miembros de la banda, entre ellos dos argentinos, un paraguayo y un venezolano.
La investigación, realizada a cabo por la División de Delitos Tecnológicos Complejos, comenzó tras observar publicaciones en redes sociales que ofrecían servicios ilegales de desbloqueo de dispositivos iPhone. Este servicio, utilizado principalmente para teléfonos robados en Brasil y Chile, empleaba técnicas avanzadas de "bypass" de iCloud para liberar los dispositivos, lo que les permitía ser usados en Argentina. En aquellos casos donde el desbloqueo no era posible, los teléfonos eran desarmados para comercializar sus piezas o enviados a países con normativas más permisivas sobre el uso de los IMEI.
La pesquisa también reveló la existencia de comercios y talleres clandestinos dedicados a este tipo de actividades. Con la información obtenida, el Juzgado Federal número 1 de Morón, en coordinación con otras instancias judiciales, autorizó la realización de cuatro allanamientos simultáneos en Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense, como Esteban Echeverría, Ituzaingó y Monte Grande.
Durante los operativos, las autoridades encontraron laboratorios clandestinos y secuestraron un total de 162 teléfonos robados, 21 dispositivos reportados como robados en Brasil, Chile y Argentina, además de 14 tabletas, 27 baterías, 247 módulos, 219 carcasas, 80 placas internas de teléfonos, cinco portátiles, dos CPU y un pendrive.
También se incautaron sofisticadas herramientas de trabajo, como multímetros, destornilladores especializados, máquinas para sacar burbujas, osciloscopios digitales y estaciones de soldadura, así como una suma de dinero en efectivo de 213.000 pesos. El alto nivel tecnológico de los equipos confiscados refleja el nivel de especialización con el que operaba la red criminal. El caso sigue siendo investigado por la Justicia Federal, que busca establecer el alcance de la red y sus posibles conexiones internacionales.
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