En un giro judicial que promete sacudir la escena política y empresarial, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al ex presidente Alberto Fernández y a 38 personas más en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en Nación Seguros, según revelaron fuentes judiciales a Infobae. El caso, conocido ya como el “escándalo de los seguros”, indaga en una serie de contratos millonarios gestionados durante la administración de Fernández y busca determinar si hubo abuso de poder, fraude o tráfico de influencias.
La declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en contrataciones de seguros estatales fue reprogramada para el miércoles 27 de noviembre a las 10 de la mañana, según lo dispuesto por el juez federal Julián Ercolini. La medida se tomó a raíz de un pedido de la fiscalía para postergar la audiencia inicial, que había sido fijada para el 20 de noviembre.
En esta causa, Fernández deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py en Retiro por primera vez en calidad de imputado desde que finalizó su mandato. El expresidente está acusado, junto a otros funcionarios y empresarios, de haber participado en un esquema de recaudación de fondos públicos a través de contrataciones y intermediaciones irregulares con la aseguradora estatal Nación Seguros S.A.
El expediente, iniciado en el contexto de un amplio proceso de auditorías sobre contratos públicos, acusa a Fernández de haber facilitado la operación de un grupo de funcionarios y particulares en la adjudicación de seguros a entes estatales, utilizando a intermediarios que, en varios casos, habrían percibido elevadas comisiones sin haber realizado funciones específicas.
La imputación señala que "entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, funcionarios de Nación Seguros y otras reparticiones públicas, con la colaboración de intermediarios y empresas de seguros, habrían direccionado contratos y designado beneficiarios de comisiones irregulares". Según la fiscalía, estos contratos incluyeron la incorporación de coaseguradoras privadas que favorecieron a empresas y particulares mediante un esquema de pagos y liquidaciones de dividendos sin una justificación en términos de servicios prestados.
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El día después de la indagatoria de Fernández, el 28 de noviembre, deberán comparecer ante el juez el corredor de seguros Héctor Martínez Sosa, a quien se acusa de ser una de las piezas clave en la intermediación de los contratos, y su esposa María Cantero, ex secretaria privada de Fernández.
La investigación se centra en cómo estos intermediarios, muchos de los cuales no habrían tenido un rol real en las operaciones, habrían recibido importantes comisiones y dividendos derivados de las pólizas emitidas. La fiscalía sostiene que la presunta maniobra no solo incluyó a particulares sino que también requirió la participación activa de funcionarios públicos de Nación Seguros y de otras áreas del gobierno, en un entramado que, según los investigadores, buscaba beneficios económicos propios o para terceros.
El rol de Nación Seguros en el centro del escándalo
La pesquisa sobre Nación Seguros, la aseguradora vinculada al Banco Nación, se enfoca en la asignación de contratos a determinadas compañías, cuestionando la transparencia en el uso de fondos y las decisiones de sus entonces directivos. La investigación apunta a esclarecer si hubo tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de seguros y si se habrían favorecido intereses personales o corporativos en detrimento de las arcas públicas.
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