La Cámara Federal porteña confirmó este jueves los procesamientos de varios dirigentes del Polo Obrero, encabezados por Eduardo Belliboni, y agravó los cargos en su contra. Según el fallo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los líderes piqueteros incurrieron en delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Si son hallados culpables, las penas podrían llegar hasta 15 años de prisión.
Una red de abuso de poder y desvío de fondos
La causa, originada en diciembre de 2023, apunta a que los dirigentes habrían aprovechado su posición de liderazgo para exigir dinero a personas en situación de extrema vulnerabilidad, quienes dependían de programas sociales como “Potenciar Trabajo”. Según la investigación, quienes no cumplían con estas exigencias enfrentaban la amenaza de perder los beneficios otorgados por el Estado.
El tribunal destacó que los líderes del Polo Obrero eran los principales beneficiarios del dinero recaudado. Parte de los fondos se desviaba mediante facturación falsa de empresas como Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex SA, lo que permitía simular gastos inexistentes. “Estas personas exigían el aporte de dinero a ciudadanos vulnerables y los obligaban a participar en movilizaciones, bajo amenazas de excluirlos de los planes sociales”, señaló el fallo.
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El rol de los beneficiarios y los líderes
La resolución judicial subrayó que los beneficiarios no eran simplemente víctimas pasivas. Al firmar planillas y participar en las actividades, también contribuían al esquema fraudulento. Sin embargo, la principal responsabilidad recae en los dirigentes, quienes, según los jueces, construyeron un sistema de coacción para explotar a las personas más desfavorecidas. “No criminalizamos la protesta social, pero advertimos cómo algunos dirigentes utilizaron estas movilizaciones para obtener beneficios personales, disfrazando su accionar como parte de reclamos legítimos”, aclararon los magistrados.
Un caso que sacude a las organizaciones sociales
La investigación comenzó tras denuncias anónimas recibidas en el número 134 del Ministerio de Seguridad durante la primera movilización piquetera contra el gobierno de Javier Milei. Las autoridades detectaron irregularidades en convenios entre el Polo Obrero, la cooperativa El Resplandor Ltda. y el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Con pruebas documentales y testimonios de cinco beneficiarios, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó en la causa, apuntando a que los fondos públicos destinados a inclusión social se desviaron para fines político-partidarios y personales.
Defensas y cuestionamientos
Los acusados negaron las acusaciones y denunciaron persecución política contra las organizaciones populares. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó este argumento, destacando la evidencia contundente de fraude y extorsión. “Los mensajes y documentos revelan que los dirigentes conocían el desvío de fondos y participaban activamente en la alteración de los objetivos del programa”, subrayó el tribunal.