La Unidad de Información Financiera (UIF) anticipó hoy que pedirá la absolución de todos los acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, al argumentar que no hay "certeza suficiente" para afirmar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita
"No se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas", sostuvo el abogado de la UIF Leandro Ventura, al descartar una acusación por los delitos de defraudación y asociación ilicita.
Lo hizo al inicio de los alegatos finales del debate donde se juzga a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los abogados del organismo, que es querellante en el caso, iniciaron su exposición ante el Tribunal Oral Federal 2 advirtiendo que la UIF debió haber desistido de su rol acusador en la causa que asumió la administración anterior en 2017, porque no se investiga "lavado de activos".
La UIF aludió a un "estado de duda insuperable", por lo cual anticipó que pedirá la "absolución de todos los acusados respecto al tipo penal de administración fraudulenta".
Al no poder "acreditarse la existencia de un fraude", la querella puso en duda otro de los delitos que se ventilan en el juicio, la asociación ilícita.
"Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal", agregó el organismo.
La UIF pidió descartar una pericia considerada "clave" sobre las obras cuestionadas por "inconsistencias y falta de claridad".
La querella anticipó que sólo dio por probados en algunos casos el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La vicepresidenta se conectó de manera remota al Zoom del Tribunal Oral Federal 2 para escuchar el inicio del alegato de la UIF, al igual que otros acusados como el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obra Pública José López.
Desde la sede de Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF2 dio por abierta la primera audiencia de alegatos a las 9.30, tras comprobar que los 13 acusados estuvieran conectados con cámaras prendidas al juicio que, a raíz de la pandemia, se realiza de manera virtual desde agosto de 2020.
El Tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En el juicio se debate si el acusado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la vicepresidenta, Báez, De Vido y José López, otro de los acusados por supuesta asociación ilícita y defraudación es el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
