A partir de este lunes, comienza a regir el sistema acusatorio penal federal en Mendoza.
El sistema le otorga un rol preponderante al Ministerio Público a la hora de investigar delitos federales como el narcotráfico, lavado y contrabando o la trata de personas entre otros. Forma parte de la reforma del Código Procesal Penal Federal aprobada a finales del año 2018.
A diferencia del sistema tradicional, el acusatorio le brinda facultades a la fiscalía para promover la acción penal, hay un cambio de roles pues los funcionarios del Ministerio Público no solo toman la denuncia, sino que investiga e impulsa la acusación.
En el caso del juez actúa como un garante del proceso, es decir, resuelve planteos de la fiscalía e interviene para habilitar las medidas que este solicite como allanamientos, detenciones o escuchas telefónicas.
El expediente en papel es desplazado por el digital y para las audiencias, tanto la fiscalía como la defensa podrán exponer oralmente y así el magistrado tomando en cuenta los dichos de ambos podrá resolver con más celeridad.
La jurisdicción federal de Cuyo abarca no solo Mendoza, sino también San Luis y San Juan. Para la capital mendocina, la Procuración General de la Nación dispuso de un plus en el presupuesto para la designación de 16 auxiliares fiscales.
A todo esto, el Ministerio Público, que desde mañana tendrá una estructura jerárquica renovada dispuesta por el procurador Eduardo Casal, ya nombró media decena de fiscales. Una parte ya cuenta con experiencia de haber trabajado en la justicia federal mientras que otra mínima fue designada de forma provisional.
A la cabeza del organigrama de roles funcionará la Fiscalía de Distrito, seguida de ella estará la Fiscalía Revisora. Por debajo de ambas se suman siete áreas relacionadas con delitos complejos y crimen organizado, pero la más importante en la etapa de cambio del sistema inquisitivo al acusatorio habrá una de transición.
A partir de mañana todas las denuncias entrarán a través del Ministerio Público. Con esto, Mendoza se suma a Santa Fe, Salta y Jujuy con el sistema acusatorio en la justicia federal. Cabe destacar que la implementación de dicho sistema en estas dos últimas provincias fue en 2019 a través de una comisión bicameral del Congreso. Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia y mediante un DNU, se modificó la ley de implementación y reasignó las funciones que tenía dicha legislativa al Ministerio de Justicia.