Por una amplia mayoría, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), una entidad que gestionaba la regulación del servicio de agua y saneamiento en la provincia.
La iniciativa apunta a transferir las funciones del EPAS al Departamento General de Irrigación, buscando optimizar la fiscalización y eficiencia en el uso de recursos.
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El proyecto propone un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza. Además, plantea la derogación de la Ley 6044 de 1993, que había establecido el marco normativo para la regulación de estos servicios, y la transferencia de las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control de las actividades de prestación de servicios al Departamento General de Irrigación.
Además, el proyecto establece un régimen de tarifas que debe reflejar los costos de operación, mantenimiento, expansión y renovación del sistema, sin depender de subsidios provinciales.
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La ley también establece que Irrigación asumirá el control sobre la calidad y potabilidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la supervisión de operadores en toda la provincia. En cuanto al tema de tarifas, se fijarán principios tarifarios que consideren objetivos económicos, sociales y ambientales, garantizando que las tarifas reflejen los costos operativos y de mantenimiento, además de una posible rentabilidad razonable para los operadores, siempre en el contexto de una gestión eficiente.
Nuevas regulaciones
El proyecto establece también pautas para proteger los derechos de los usuarios y define las obligaciones de los concesionarios de servicios, así como sanciones para quienes no cumplan con las regulaciones. Se creará la Unidad Fiscal del Agua, que impondrá multas que se determinarán en base a la Unidad Fiscal del Agua, cuyo valor inicial será de mil pesos, ajustable según la Ley Impositiva.
El Poder Ejecutivo queda facultado para transferir a Irrigación, Aysam y otras entidades los recursos necesarios para cumplir con las nuevas responsabilidades. Asimismo, se contempla la posibilidad de que Aysam cobre una tasa de servicios a los operadores comunitarios que soliciten asistencia técnica, destinando estos fondos al sostenimiento de la entidad y a la cobertura de los costos de la asistencia.
En cuanto al personal, la ley ofrece opciones para su reubicación. Los empleados podrán incorporarse a Irrigación o Aysam, si cumplen con los requisitos y lo aceptan. En caso de que no sea posible su absorción, se les ofrecerá una reubicación en otra dependencia de la Administración Pública o, en última instancia, la desvinculación con una indemnización acorde a la normativa laboral vigente. Además, se les respetará la antigüedad y el salario actual, ajustándose cualquier diferencia salarial mediante un adicional compensatorio.
Con esto, Mendoza marca un cambio importante en la política de recursos hídricos y de saneamiento, con el objetivo de mejorar la administración y control de estos servicios esenciales, garantizando una gestión más eficiente y enfocada en las necesidades de los ciudadanos.