En un anuncio que promete sacudir las bases del sistema ferroviario argentino, el Gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, marcando el inicio de una transformación radical del sistema ferroviario nacional. La medida fue presentada por Manuel Adorni, vocero presidencial, quien destacó la urgencia de esta decisión en virtud de la llamada "Ley Bases", pieza clave de la política económica de la actual administración.
"El Belgrano Cargas es obscenamente deficitario en manos del Estado", sentenció Adorni, subrayando que la empresa arrastra una estructura sobredimensionada de 4.429 empleados, lo que ahoga su eficiencia. Según el vocero, el año pasado se inyectaron 112 millones de dólares de fondos públicos en la compañía, una cifra que describió como "un despropósito que pagamos todos los argentinos". Las críticas no se detuvieron allí: el sistema de transporte de carga ha mantenido una distancia media de 500 kilómetros por tren, exactamente la misma que hace 50 años. "Medio siglo sin avances significativos", puntualizó.
El panorama empeora cuando se considera que la producción agrícola, principal cliente del sistema ferroviario, se ha multiplicado por cinco, mientras que la capacidad de transporte de carga ha permanecido congelada desde 2009. La privatización, argumenta el Gobierno, promete corregir este estancamiento crónico. "Sin la intromisión inútil del Estado, este sector será más competitivo, eficiente y transparente", aseguró Adorni.
Por su parte, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, detalló los próximos pasos del proceso de privatización. Belgrano Cargas, que opera sobre un total de 7600 kilómetros de vías férreas, será subdividida en siete concesiones. Este esquema incluye derechos de peaje para los concesionarios de las vías, y separa las concesiones de locomotoras, vagones y talleres, lo que permitirá una competencia robusta dentro del sector.
"El Estado no es empresario", insistió Chaher, refiriéndose al mandato presidencial de retirar al sector público de la gestión empresarial. Cada concesionario tendrá la obligación de mantener las vías abiertas a otros operadores, evitando la creación de monopolios en el sistema ferroviario de carga.
La propuesta del Gobierno busca triplicar el volumen de carga transportada mediante un incremento en la cantidad y frecuencia de trenes, optimizando la infraestructura existente. A pesar de la privatización, las tierras y las vías seguirán bajo propiedad estatal, aseguraron las autoridades.
"Belgrano Cargas, tal como lo conocemos, deja de existir", concluyó Chaher, poniendo fin a una era ferroviaria marcada por la intervención estatal y abriendo la puerta a una nueva fase de gestión privada que promete modernizar el transporte de carga en Argentina.