Desde la primera semana de abril, los médicos traumatólogos de Mendoza decidieron suspender la atención a los afiliados de PAMI, debido a que perciben honorarios bajos. Tras esta situación, las clínicas privadas y sanatorios salieron a pedir una tregua y presentaron una propuesta económica de transición. Sin embargo, esta oferta fue rechazada y de esta manera se mantiene la medida de los profesionales.
Con el objetivo de sostener la atención a los pacientes, se convocó a una mesa de diálogo en la cual participaron representantes del Ministerio de Salud de la Provincia -que se ofrecieron como mediadores- y delegados de los traumatólogos. En dicho ámbito se presentó una propuesta de las clínicas, pero esta fue rechazada de manera unánime por los médicos traumatólogos.
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Es este sentido, desde los sanatorios privados argumentan que "no definen los valores de los aranceles, los cuales son establecidos por el INSSJP", y aseguran no ser formadores de precios ni generadores de la actual situación".
Desde la Asociación de Clinicas y Sanatorios Privados (Aclisa) manifestaron su preocupación "por la interrupción de la atención traumatológica en todas sus modalidades (ambulatoria, cirugías programadas y urgencias), llevada adelante de manera coordinada, conjunta y unilateral por equipos de Traumatología en la provincia".
"Este accionar ha implicado, en los hechos, la suspensión de servicios esenciales para un grupo de pacientes que representa el sector más vulnerable del sistema de salud argentino. El uso de mecanismos de presión que colocan a los pacientes como rehenes constituye un grave atentado contra la salud pública y vulnera principios éticos y sanitarios fundamentales", expresaron en un comunicado desde Aclisa.
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"Sostenemos que no es posible entablar un diálogo legítimo bajo medidas extorsivas ni con los pacientes como rehenes de un reclamo sectorial. Para avanzar en una solución real y sostenible, es imprescindible que los equipos de Traumatología levanten de inmediato la suspensión de los servicios y acepten el plazo de 60 días propuesto en el Ministerio de Salud para la resolución del conflicto. Como instituciones de salud, ratificamos nuestro compromiso con la atención de los adultos mayores y con el fortalecimiento del sistema sanitario, y apelamos a la responsabilidad profesional y social de todos los actores involucrados", concluye el comunicado.