La decisión del Gobierno de Javier Milei de suprimir el funcionamiento de 136 registros del automotor en todo el país, con la idea de achicar los gastos de transferencia de vehículos, generó duras críticas de la Cámara de Mandatarios, los agentes que desempeñan tareas en esos organismos.
El enojo es tal que hasta le recomiendan al presidente “que se baje de su pedestal” y que les consulte a ellos, que son “los que entienden” el problema, porque allí trabajan, y porque a su entender “sentado en el Sillón de Rivadavia es muy difícil conocer la realidad del país”.
Así lo manifestó en los micrófonos de Radio Jornada el tesorero de la Cámara de Mandatarios de Mendoza, Hugo Méndez. En el programa "Lado A", el representante de los gestores señaló que su sector envió “infinidad” de notas, tanto a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) como al Ministerio de Justicia, de donde depende esa repartición.
Sin embargo, nunca obtuvieron respuesta, siendo que su aporte podría ser valioso.
“La intención de Milei es bastante alocada, porque quiere hacer funcionar un sistema como si fuera el de EEUU y no entiende que la idiosincrasia de los argentinos es diferente”, señaló Méndez. Y sin tapujos lanzó: “Nosotros, donde vemos la posibilidad de no pagar la patente, el seguro, la inflación, la transferencia, lo hacemos. El argentino es eso, lamentablemente”.
Según su visión, “lo que piden ahora es inviable y deberían pasar 50 años de sanar a la gente” y “de meter gente presa”, para solucionar el problema.
Sin embargo ofreció los servicios de los mandatarios para contribuir a mejorar los registros, pero sin cerrarlos. Por un lado, sostuvo que éstos, hoy se encuentran “desfinanciados”, razón que puede incidir en un funcionamiento inadecuado.
Luego puso la lupa en la recaudación impositiva. Y habló del arancel que se cobra por el título y la tarjeta verde, que es una tasa nacional; también habló de impuestos provinciales. Y planteó la necesidad de bajar esa carga. “Por ejemplo el arancel que se cobra según la valuación de un auto, es como si se estuviese pagando dos veces un impuesto sobre el mismo vehículo, porque se paga 1,5% nacional y otro 1,5% provincial)”, explicó.
También propuso eliminar “el sellado” que suele ser del 2% y del 3% de la facturación de un vehículo.
Y ahí cuestionó el destino de los fondos que se recaudan. “Tenemos dudas de qué está haciendo la Nación con todo el dinero que les enviamos desde las provincias y todos los registros del país”, enfatizó, entre otras cosas.
El debate entre cerrar y suprimir
Este 10 de julio, el Ministerio de Justicia publicó la Resolución 209/24 en cuyo artículo 1° señala que se “suprimen” 136 registros del automotor.
Según Méndez, esa palabra no es sinónimo de “cierre” y advirtió que hasta el momento “no se ha cerrado ningún registro” en ninguna parte.
Y calificó de “engañoso” el texto de la norma, como así también su divulgación por parte de los medios de comunicación. “Están haciendo proselitismo” llegó a decir.
Sin embargo, está claro que la actitud del Ejecutivo nacional va por otro lado, sobre todo a partir de la iniciativa de la diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, iniciadora de esta cruzada “en contra de los amiguismos políticos” que han marcado las asignaciones de numerosos registros para funcionar como tales, desde hace tiempo en el país.
Méndez negó la existencia de ese tipo de situaciones. “Ninguna de esas apreciaciones son ciertas”, dijo Méndez. Y también defendió “la burocracia” de los registros porque están “para lograr mayor control” sobre la propiedad de los vehículos. En definitiva, defendió el trabajo de sus compañeros de tareas.
Aquí se puede leer la Resolución 209/24 del Ministerio de Justicia de la Nación:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/310282/20240710?busqueda=2