Un proyecto de trabajo remoto que estaba siendo testeado en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza fue descartado bajo la consideración de que la Sala Penal, Laboral y Administrativa no poseía las facultades para ponerlo en práctica.
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La iniciativa de home office, "que tenía como fin buscar brindarle transparencia y eficiencia a los actos de justicia en la sala que presido no logró ver la luz debido a que se concuyó que no teníamos facultades para ponerlo en práctica", informó Mario Adaro, ministro del máximo tribunal provincial, referente de la Sala Penal junto a Omar Palermo y José Valerio.
"En realidad lo que habíamos planteado es que nosotros, ahora, en tiempo de pospandemia, nos preguntamos sobre todo lo que aprendimos aceleradamente. Más allá de que somos vulnerables, que éramos humanos y que nos podían pasar cosas preocupantes a nivel global, en lo atinente al trabajo nos pareció bueno tomar lo mejor de la experiencia de la virtualidad", describió Adaro.
El supremo mendocino admitió que "si no nos hubiera tocado vivir la pandemia seguramente no podríamos haber medido la efectividad de esa modalidad de trabajo remoto. Y la conclusión que nos tocó observar es que en algunos puestos de trabajo y para algunas situaciones particulares el home office potenciaba la eficiencia para algunas funciones en particular".
Por otro lado, "vimos la manera de mejorar la calidad de vida tanto de trabajaoras como de trabajadores y lo que nos propusimos fue lo de complemantar ambas situaciones. Y se nos ocurrió que podíamos hacer una prueba piloto en la sala que hoy me toca presidir -por la Sala Penal, Laboral y Administrativa- y dijimos, bueno, podríamos realizar la iniciativa durante unos 90 días", recordó el letrado.
"La prueba la implementamos luego de haber realizado un trabajo previo, tras haber acordado con ellos. No es que lo impusimos. Para ello estuvimos como un mes y medio fijándonos la mejor manera de involucrar a casi el 70 por ciento del personal que eligió la alternativa basados en la oportunidad que se les presentaba, por ejemplo, para complementar el trabajo familiar con el del juzgado. Sobre todo en lo atinente a la atención de los hijos sin perder de vista la eficiencia", detalló.
Lo más importante de la experiencia para Adaro, "era que íbamos a medir la productividad que, a veces en el empleo público, se mide marcando tarjeta. Y a eso en verdad uno no tiene cómo medirlo porque solamente se cuantifica la jornada y, en ese sentido, nos pareció bueno este proyecto que intentamos implementar y se consideró que supuestamente no teníamos facultades para ponerlo en práctica".
A favor del desarrollo tecnológico
A pesar de que el proyecto de Adaro no tuvo luz verde en la Suprema Corte, sí hubo una buena noticia: "Sí se logró algo bueno. El lado B positivo es que se puso en práctica para los empleados que trabajan directamente en el desarrollo tecnológico, para los desarrolladores. Claramente para ellos era mucho mejor el poder trabajar desde sus casas con la consecuente eficiencia que estábamos buscando en todo sentido. Aunque no se logró con la mayoría del personal".
"Sin embargo lo pensado no era solamente sobre la práctica totalmente remota, porque había planeadas instancias de reuniones de equipo. Era una suerte de blend entre el trabajo virtual y el presencial", valoró respecto a la inquietud.
Y cerró: "En realidad nuestra intención fue ayudar a entender que la tecnología podía colaborar para cumplir con algunas de las exigencias de la ciudadanía que pide cada vez más eficiencia y más transparencia".