La provincia de Mendoza ha dado un paso clave hacia la privatización de la emblemática empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), tras la aprobación en el Senado provincial de una ley que autoriza la cesión de sus acciones a manos privadas. Este avance legislativo se suma a las intenciones del gobierno nacional de ceder también su participación, lo que conduciría a una privatización total de la compañía.
La empresa especializada en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, generación de energía nuclear y equipos para la industria de hidrocarburos, se encuentra en el centro del debate político y económico. Actualmente, el 63,7 % de las acciones de IMPSA pertenecen al Estado nacional, mientras que Mendoza posee un 21,2 %, con el resto en manos de acreedores y el grupo fundador, Pescarmona.
En julio, las autoridades argentinas y mendocinas anunciaron la necesidad de sanear las cuentas de la empresa, cuya deuda asciende a 500 millones de dólares, como parte de un plan para evitar su quiebra y garantizar la continuidad de sus operaciones.
La empresa estadounidense ARC Energy, dedicada a la industria del petróleo y gas, ha expresado públicamente su interés en adquirir parte de IMPSA, pero no es la única: otros potenciales inversores también han mostrado interés.
El destino de IMPSA, con sus 720 empleados y su relevancia en sectores estratégicos, sigue siendo un tema de amplio debate en la sociedad y la política argentina. Mientras, la privatización total parece inminente y la llegada de inversores extranjeros, como ARC Energy, plantea nuevas expectativas, pero también desafíos para una empresa que ha sido testigo de la volatilidad.
Repercusiones políticas ante la privatización de IMPSA
El avance hacia la privatización de IMPSA ha generado una ola de opiniones cruzadas en el escenario político de Mendoza. Algunos políticos, como Valentín González (La Unión Mendocina), defendieron la decisión de ceder las acciones de la provincia, pero subrayaron que los responsables de esta medida deberían asumir sus consecuencias: “Lo que queremos es que los funcionarios estatistas de este mismo gobierno provincial se hagan cargo de las acciones que toman”, señaló en su cuenta de X (ex Twitter).
Por otro lado, figuras de la oposición no dudaron en criticar lo que ven como una transformación ideológica forzada. Gabriel Pradines, dirigente del radicalismo, acusó al gobierno provincial de pasar de ser estatistas a privatistas en un breve lapso: “Hoy, se rasgan las vestiduras para ofrendar a Javier Milei la privatización de IMPSA, con el mismo entusiasmo que hace sólo tres años festejaban su estatización”.
Esta postura fue reforzada por Álvaro Martínez (La Libertad Avanza), quien señaló la aparente contradicción de quienes ayer apoyaban la estatización de IMPSA y hoy promueven su privatización: “Celebramos la decisión de Javier Milei de privatizar IMPSA, pero siempre sostuvimos que la intervención del Estado fue un error”.