Guillermo Moreno, quien se desempeñó como secretario de Comercio de la Nación, fue condenado esta mañana a 3 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber manipulado los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante los años 2006 y 2007, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py lo encontró responsable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos.
El fiscal Diego Luciani había solicitado cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para el exfuncionario. Sin embargo, los abogados de Moreno solicitaron su absolución, argumentando la falta de pruebas en su contra.
A pesar de la condena, no deberá cumplir su pena en prisión de inmediato. La justicia dará a conocer los fundamentos del fallo el próximo 4 de septiembre, momento a partir del cual las partes podrán apelar.
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Esta es la tercera condena que enfrenta Moreno. En 2017 fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising contra Clarín y posteriormente recibió otra condena de dos años de cárcel por el incidente conocido como “¿Casco o guantes?” durante una asamblea de Papel Prensa en 2010. Ambas condenas están actualmente bajo revisión y no son firmes, ya que no han sido ratificadas por la Corte Suprema.
Además de Moreno, la exdirectora de índices de Precio de Consumo del INDEC, Beatriz Paglieri, fue condenada a tres años de prisión condicional y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al igual que Moreno, podrá cumplir su condena en libertad. Por otro lado, Marcela Filia y María Celeste Cámpora de Avellaneda, exempleadas del INDEC, fueron absueltas de los cargos en su contra.
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Moreno escuchó su condena por videoconferencia y, en su alegato final, calificó el juicio como “académico” y afirmó que no había pruebas en su contra. Defendió la metodología aplicada durante su gestión en el INDEC, argumentando que “nadie puede decir si algo es falso o verdadero si no está la prueba”. Moreno criticó duramente el proceso judicial, señalando que "los juicios académicos deben ser realizados por pares, no es facultad del fiscal”.
El fiscal Luciani, por su parte, explicó que la intervención de Moreno “alteró indicadores cruciales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectando las mediciones de pobreza y generando una desconfianza generalizada en las estadísticas oficiales”. Según Luciani, Moreno “llevó las riendas de la maniobra y ejerció las presiones necesarias para la consumación de los delitos”.