La Corte Suprema del Reino Unido ha rechazado de manera contundente la apelación presentada por Argentina, que intentaba revertir una sentencia condenatoria de 1.300 millones de euros. Esta resolución proviene de una demanda liderada por cuatro fondos de inversión que acusaron al país sudamericano de manipular las estadísticas oficiales, específicamente el cálculo del Producto Bruto Interno (PBI), para evitar el pago adicional estipulado en los bonos del canje de deuda de 2005.
El experto Sebastián Maril, a través de su cuenta en “X” (anteriormente Twitter), reveló que los beneficiarios de la sentencia ya están listos para ejecutar una garantía de 313 millones de euros, dinero que Argentina había depositado en marzo mediante una carta de crédito emitida por el Banco Santander. Además, Maril subrayó la gravedad del escenario al señalar que ahora será el gobierno de Javier Milei el que deberá decidir si abonará la cifra total, que asciende a 1.330 millones de euros más los intereses acumulados.
La raíz del conflicto: estadísticas manipuladas y un PBI "retocado"
La batalla legal tiene sus orígenes en los bonos emitidos por Argentina durante el canje de deuda en 2005. Estos bonos ofrecían a los acreedores un pago adicional en caso de que el PBI del país creciera por encima del 3,3% anual. Sin embargo, los litigantes acusaron a Argentina de cambiar, en 2013, la metodología para calcular el PBI con el objetivo de evitar este pago.
Ese cambio en las cifras fue clave: el crecimiento reportado del PBI fue de un 3,2%, apenas por debajo del umbral que habría activado el pago del beneficio adicional a los tenedores de bonos. Esta cifra, según los demandantes, no fue casualidad. Apuntaron directamente al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y al secretario de Comercio de la época, Guillermo Moreno, como responsables de la manipulación de las estadísticas públicas a través del INDEC, la entidad encargada de los cálculos.
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Una sentencia con impacto económico y político
El fallo de la justicia británica no solo marca un duro revés financiero para Argentina, sino que también pone en evidencia las consecuencias de las políticas económicas del pasado. La manipulación de las estadísticas fue un tema central durante el mandato del expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y las figuras clave señaladas en este caso, como Kicillof y Moreno, ocupan hoy posiciones de relevancia en la política argentina.
Para el gobierno de Javier Milei, que apenas está dando sus primeros pasos en el manejo de una economía en crisis, este golpe judicial representa un desafío de magnitudes colosales. Con una deuda creciente, reservas en declive y una inflación fuera de control, la obligación de pagar más de 1.300 millones de euros es una presión adicional que podría complicar aún más los planes de estabilización económica.
El futuro incierto
La ejecución de la garantía de 313 millones de euros es inminente, y la deuda restante sigue pendiendo sobre Argentina como una espada de Damocles. Ahora, el gobierno de Milei deberá tomar una decisión difícil: cumplir con el fallo judicial o enfrentar las consecuencias legales y financieras de un incumplimiento, que podría llevar a embargos internacionales y más litigios en cortes extranjeras.
La sentencia del Reino Unido, en este contexto, es mucho más que un golpe financiero: es un recordatorio de los errores del pasado y una advertencia sobre los costos de la falta de transparencia en la gestión económica.