El expresidente Alberto Fernández compareció este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado. Aunque citado para las 10, llegó media hora antes y presentó un escrito en el que negó cualquier relación con maniobras fraudulentas. Fernández optó por no responder preguntas del juez ni del fiscal, limitándose a dialogar únicamente con su abogada, Mariana Barbitta.
Defensa bajo presión
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Tras la audiencia, Barbitta calificó la indagatoria como “tensa” y cuestionó la imparcialidad del juez Julián Ercolini, recusado por la defensa del expresidente. “El rechazo de la nulidad demuestra arbitrariedad. El decreto cuestionado es jurídicamente impecable y buscaba evitar la carterización de seguros, limitando la salida de divisas al exterior”, argumentó.
Además, señaló que Fernández explicó el proceso de contratación de seguros y reafirmó que no benefició a nadie de manera indebida. “La intermediación estaba excluida en el decreto. Esto es claramente un caso de direccionamiento político, no un tema judicial”, sentenció la defensora.
Acusaciones y recusaciones
La causa acusa a Fernández de presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, señalando que habría favorecido a Nación Seguros S.A., una empresa estatal. Desde su defensa, Fernández había solicitado la nulidad de la citación, cuestionando la claridad de las acusaciones y la imparcialidad del juez Ercolini. Aunque la Corte Suprema aún no se expidió sobre la recusación, el tribunal decidió avanzar con la indagatoria.
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Silencio y estrategia
Fernández, fiel a su estilo, evitó declaraciones ante la prensa tanto al llegar como al retirarse del tribunal. Su estrategia legal parece enfocarse en deslegitimar el proceso y subrayar que las decisiones cuestionadas respondían a políticas administrativas legítimas y transparentes.