La solicitud de Alberto Fernández para suspender su declaración indagatoria en la causa por supuestas irregularidades en la contratación de seguros fue rechazada por la Justicia. La defensa del exmandatario había argumentado que la imputación era "confusa" y que el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa, había sido recusado, lo que invalidaría el proceso. Sin embargo, el magistrado resolvió que no existían fundamentos para aplazar la audiencia.
Los argumentos de la defensa y el rechazo judicial
Marian Barbitta, abogada del expresidente, presentó un escrito en el que calificó la acusación como “imprecisa” y señaló que no se había resuelto la recusación contra Ercolini. Según Barbitta, esta falta de resolución afectaba la imparcialidad del juez, y el llamado a indagatoria debía considerarse nulo.
El juez, por su parte, fue contundente: la citación a indagatoria es un acto esencial del proceso penal que garantiza el derecho a defensa. Además, afirmó que las pruebas y los hechos imputados habían sido debidamente comunicados con tiempo suficiente. Sobre los señalamientos de “falta de precisión” en la acusación, Ercolini aclaró que los detalles sobre la calificación legal se discuten en etapas posteriores.
El fallo también destacó que la demora en los planteos de la defensa, realizada apenas 48 horas antes de la audiencia, evidenciaba una intención dilatoria. “El acto de indagatoria no implica presunción de culpabilidad, sino la oportunidad de ejercer el derecho a ser oído”, sostuvo el magistrado.
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Cómo sigue la causa
El expresidente deberá presentarse este miércoles en Comodoro Py para responder por las acusaciones en su contra. La causa investiga presuntas irregularidades en la intermediación de seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros S.A., tras el decreto 823/2021 firmado por Fernández.
La normativa estableció la obligatoriedad de contratar seguros con esa aseguradora, lo que, según la acusación, restringió la competencia y facilitó un esquema de recaudación irregular. Además de Fernández, están implicados brokers, exfuncionarios y otras 38 personas.
Entre los citados a declarar esta semana se encuentran el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero y otros exdirectivos de Nación Seguros. Según la investigación, se habrían direccionado fondos públicos mediante intermediarios, afectando la transparencia en las contrataciones.
El decreto en el centro de la polémica
El decreto firmado por Fernández en 2021 fue clave para la imputación. La normativa, derogada en 2024 por el actual presidente Javier Milei, establecía que los organismos públicos solo podían contratar seguros a través de Nación Seguros. Según el expediente, esta disposición habría permitido prácticas incompatibles con la administración pública y favorecido a intermediarios en al menos 45 contratos investigados.
El juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo buscan determinar si el esquema configuró una administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una imputación que Fernández niega rotundamente. Mientras tanto, las audiencias indagatorias avanzan, y el expresidente deberá responder en los tribunales esta semana.