La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del ex ministro de Salud, Ginés González García, en el marco de la causa por el llamado "vacunatorio VIP", un escándalo que estalló en 2021 y que sacudió los cimientos de la gestión del gobierno nacional durante la pandemia de COVID-19. La resolución fue adoptada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes también dictaminaron un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes del ex funcionario.
El tribunal ratificó los cargos por presunto abuso de autoridad y peculado, delitos que también alcanzan al ex secretario privado de González García, Marcelo Guille, y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. Además, la Cámara dispuso que se profundice la investigación para determinar si quienes se vacunaron fuera del cronograma establecido por el Plan Nacional de Vacunación incurrieron en delitos adicionales.
En la resolución, los magistrados fueron contundentes al señalar que “el tratamiento exclusivo que recibieron algunas personas cristaliza una inadmisible desviación de lo que la ley imponía”. En este sentido, la Cámara ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso, que lleve adelante una investigación exhaustiva para evitar que se exima de responsabilidad penal a quienes aprovecharon estos privilegios ilegales.
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El fallo subraya que, aunque algunas de las personas vacunadas fuera de turno podrían haber tenido derecho a la inmunización por su edad, la manera en que accedieron a las dosis fue claramente irregular. Según la resolución, "la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio improvisado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad".
Entre los hechos más relevantes de la causa, se encuentra el episodio del 18 de febrero de 2021, cuando un equipo del Hospital Posadas se trasladó al Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna Sputnik V. Estas dosis estaban destinadas a personal de salud, pero en su lugar fueron administradas a un selecto grupo de personas.
Otro hecho significativo tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando por orden del entonces subsecretario Alejandro Costa, un equipo de vacunadores acudió al domicilio del expresidente Eduardo Duhalde para inmunizarlo a él y a su familia. Las dosis aplicadas a Duhalde, su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, y sus hijas Juliana y María Eva fueron asignadas de manera discrecional, saltándose los protocolos oficiales.
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En su fallo, la Cámara también ajustó los embargos que habían sido fijados en primera instancia. Así, se redujeron los montos a 20 millones de pesos para González García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y Costa. Sin embargo, el tribunal dictó la falta de mérito para María Elena Borda, otra funcionaria del Hospital Posadas que había sido procesada en la misma causa.
Con esta decisión, la justicia reafirma la gravedad del escándalo y avanza en la investigación de uno de los casos más resonantes del manejo irregular de recursos públicos durante la pandemia, en un contexto en el que miles de ciudadanos esperaban su turno para acceder a las dosis en medio de una crisis sanitaria global.