El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio rechazó este jueves el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia realizado por el presidente Alberto Fernández y apoyado por 11 gobernadores del PJ. Además, adelantaron que no brindarán apoyo parlamentario mientras continúen los ataques contra el Poder Judicial.
“Ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación, si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”, señalaron los legisladores de la principal fuerza opositora.
La respuesta de los senadores de Juntos por el Cambio llegó en forma de comunicado luego de las declaraciones del jefe de asesores del Presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, quien señaló que trabajará en conformar una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición por fuera del Congreso de la Nación.
“Ante la gravedad institucional del accionar del Presidente y sus funcionarios, reafirmamos que el Congreso Nacional es el ámbito institucional del diálogo y búsqueda de consensos políticos. Sin embargo, ello no será posible en la medida en que el Poder Ejecutivo continúe atacando las normas más básicas de convivencia establecidas en la Constitución Nacional como la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN”, apuntaron los senadores.
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También calificaron de “infame” el pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de Justicia y aseguraron que se trata de “un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la CSJN”.
“Esta conducta del Presidente, se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la Corte Suprema en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho continúa sin cumplir, y en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido”, agregaron.
También rechazaron las declaraciones públicas del Ministro de Justicia, Martín Soria, sobre la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, señalaron que se realizaría “por medio de un improcedente DNU” y “sin valorar que la Constitución Nacional requiere una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político”.
El comunicado: