El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este miércoles que existen posibilidades de que el Gobierno reforme el Consejo de la Magistratura a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
“Hay posibilidad de hacer la reforma por decreto”, expresó el funcionario nacional en declaraciones radiales, poco tiempo después que el presidente Alberto Fernández presentara ante el Congreso el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La respuesta de Soria se dio luego que le preguntaran en Radio con Vos si era posible que el Gobierno modifique el Consejo de la Magistratura a través de un decreto. “Claro que sí hay posibilidades”, afirmó.
Los argumentos del oficialista sobre un decreto
“El bloqueo al Consejo de la Magistratura es lo que está pasando en el Congreso de Nación”, señaló Soria como argumento principal para explicar por qué se evalúa tal medida.
“Esta oposición que se opone a todo y porque si, o mejor dicho porque nada, bloquea el funcionamiento del Congreso”, subrayó.
“La propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial porque nunca antes en la Argentina jueces de la Corte se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso de la Nación hace 16 años atrás, que la derogaron para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que investigar y sancionar a los jueces que incumplen con sus funciones”, agregó.
La reforma del Consejo de la Magistratura en el Congreso
En abril de 2022, el Senado aprobó por 37 votos a favor y 33 en contra, la reforma del Consejo de la Magistratura que amplía el cuerpo de 13 a 17 miembros sin representante de la Corte Suprema.
El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2021 cuando el fallo de la Corte declaró inconstitucional la conformación que regía de 2006 y le dio un plazo de 120 días al Congreso para que sancione una nueva ley. Si el Legislativo no cumplía, el Consejo de la Magistratura debería retrotraerse a la conformación del año 2006, donde el representante de la Corte Suprema presidiría el organismo, lo que era rechazado de plano por el Frente de Todos. Tras la media sanción, el proyecto pasó a Diputados donde quedó varado en comisiones ante la falta de mayoría del oficialismo, que no consiguió aliados para convertirla en ley.