En una sesión cargada de tensiones y maniobras políticas, la Cámara de Diputados rechazó el decreto presidencial 256/2024, que disponía un aumento de $100.000 millones en los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este revés, liderado por una amplia coalición opositora, se produjo en un contexto de incertidumbre para el Gobierno y amenaza con agudizar las divisiones internas del oficialismo.
La sesión comenzó con una asistencia notable de 140 diputados, superando con creces el quórum necesario. Esto se debió en gran parte a la decisión de último momento de un grupo de legisladores de Pro, que, bajo las directrices de Mauricio Macri, se sumaron a la votación en contra del DNU. Con 156 votos a favor de la derogación, 52 en contra y 6 abstenciones, la oposición consiguió frenar lo que muchos consideran una maniobra del Poder Ejecutivo para aumentar el control y los recursos de la SIDE en un momento de delicado equilibrio político.
La situación política que rodeó esta votación fue de extrema tensión. Los diputados de Pro que dieron el quórum, incluyendo a Álvaro González y Daiana Fernández Morlero, rompieron con la expectativa de apoyo al gobierno, marcando un claro desafío a la estrategia del Ejecutivo.
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En el recinto, la sorpresa fue la presencia de Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, diputadas libertarias que, a pesar de sus recientes fricciones con el bloque, también se sumaron a la sesión. Su participación contribuyó al ambiente cargado de la jornada, donde las divisiones dentro de los bloques se hicieron más evidentes que nunca.
El rechazo del decreto por parte de la Cámara de Diputados no significa su anulación automática; el Senado aún debe pronunciarse. Sin embargo, el ambiente anticipa que la Cámara alta, influenciada por un kirchnerismo que busca distanciarse del desgaste político, podría seguir el mismo camino, convirtiendo a este DNU en un caso sin precedentes de rechazo total por parte del Congreso.
Este desplante opositor es el segundo golpe que sufre el Gobierno en menos de 24 horas en materia de inteligencia. Ayer, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia cambió de manos, pasando del oficialismo a un control compartido con el senador Martín Lousteau, lo que ya había generado fricciones internas y tensiones políticas adicionales.
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En el centro de la tormenta política se encuentra Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei y considerado el principal arquitecto del polémico decreto. Su influencia y las decisiones estratégicas que lo rodean parecen haber encendido una chispa de desacuerdo con sectores del Pro, evidenciado por la sorpresiva intervención de Macri en las decisiones del bloque.
El futuro del decreto ahora depende del Senado, pero el escenario actual sugiere que el rechazo del mismo en ambas cámaras podría marcar un precedente histórico y profundizar las fisuras dentro de la coalición gobernante. Con este rechazo, el Gobierno enfrenta no solo una derrota legislativa, sino también un desafío en la gestión interna de sus alianzas políticas, en un momento crucial para su estabilidad.