En la primera audiencia para revisar el fallo del Tribunal Oral Federal 2, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitó hoy que la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión por su presunta participación en el caso de las 51 obras públicas otorgadas al empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz, instando a que se le aplique el delito de asociación ilícita. Villar argumentó que "hubo una verdadera asociación criminal" y enfatizó que "no fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios". Esta petición se da luego de que en diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenara a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, descartando por mayoría la asociación ilícita.
La audiencia de hoy marca el inicio de un ciclo de seis sesiones, programadas para concluir en abril. Durante estas reuniones, las partes tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos. Tras la presentación del fiscal, será el turno de las defensas de los 13 acusados involucrados en el juicio. El cronograma de las audiencias se establece para este lunes, el jueves, el 7, 14 y 21 de marzo, y el 4 de abril. La defensa de Cristina Kirchner está programada para el día 7 del próximo mes
Villar destacó que Cristina Kirchner fue identificada como la líder de la asociación ilícita y abogó por la aplicación de la pena solicitada por el fiscal Diego Luciani durante sus alegatos en el juicio oral: 12 años de prisión por los cargos de administración fraudulenta y asociación ilícita. Aunque el tribunal la condenó únicamente por el primer delito, imponiéndole una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, Villar pidió que se aplique el cargo de asociación ilícita como organizadores a Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, José Periotti, solicitando penas de 12 años para Báez y 10 años para López y Periotti. En el juicio, recibieron una pena menor debido a la ausencia de aplicación del delito de asociación ilícita.
Por su parte, la Fiscalía también solicitó la revocación de las absoluciones otorgadas al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y al ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro. Para De Vido, se requirió una pena de 10 años como organizador de una asociación ilícita y por administración fraudulenta; para Fatala, se solicitó una pena de cuatro años; y para Garro, tres años por el segundo delito. Además, se pidió que se revoque la absolución y se condene a dos años de prisión a Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Entre 2003 y 2015, operó en el Estado una asociación ilícita que desvió los fondos de las obras públicas viales hacia Lázaro Báez", afirmó Villar al inicio de la audiencia, que comenzó a las 11 horas y concluyó cerca de las 13 en los tribunales de Comodoro Py. Este fue el primer paso en la revisión del fallo del tribunal oral. Las audiencias continuarán el jueves, cuando las defensas comiencen a presentar sus argumentos. El turno de los abogados de Cristina Kirchner está programado para el 7 de marzo.
En la audiencia, solo estuvo presente uno de los 13 acusados del caso, Abel Fatala, aunque ninguno de ellos estaba obligado a asistir.
El fiscal Villar objetó dos puntos centrales del fallo: la ausencia de condena por asociación ilícita y las absoluciones otorgadas. Estas objeciones no sorprendieron, ya que la Fiscalía había presentado previamente estos argumentos por escrito durante la apelación del fallo realizada por el fiscal Luciani.
Villar destacó que Lázaro Báez fue "creado" como empresario para canalizar de manera ilegal los fondos públicos, y señaló su estrecha relación de amistad con Néstor Kirchner. Entre 2003 y 2015, la provincia de Santa Cruz recibió 83 obras públicas, de las cuales 51 fueron para empresas de Báez. Sin embargo, solo 27 de estas obras se completaron, mientras que las restantes sufrieron demoras severas, lo que según Villar, evidencia un esquema de corrupción estatal.
En cuanto a la asociación ilícita, la Fiscalía objetó la consideración del tribunal oral de las 51 obras como un solo hecho, argumentando que esto impedía reconocer la multiplicidad de delitos, un requisito fundamental para la asociación ilícita. Villar calificó de "arbitraria" esta postura de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes no condenaron por ese delito. En disidencia, el magistrado Andrés Basso consideró que sí se había cometido asociación ilícita.
El fiscal Villar argumentó que durante cada período de las tres presidencias en las que se cometieron los delitos, se renovó la asociación ilícita.
Respecto a los sobreseídos en el juicio, la Fiscalía argumentó que tuvieron injerencia en el delito al no ejercer los controles correspondientes. En el caso de Julio De Vido, se señaló que como ministro tenía la responsabilidad de controlar la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad, y que conocía los destinos de los fondos para Báez debido a su relación con Néstor Kirchner. Se destacó que, incluso un día después de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015, De Vido modificó el presupuesto a favor del empresario, como parte de lo que el fiscal Luciani denominó el plan "limpiar todo".