El ministro de Defensa, Luis Petri comunicó este miércoles la baja de 23 militares por tener sentencia firme sobre crímenes de lesa humanidad; se trata de cuatro generales y 19 coroneles retirados.
La decisión del Gobierno fue publicado en el Boletín Oficial a través de la resolución 72/2025 y luego replicado en redes sociales.
Según el Ministerio, las bajas “no responden a una decisión unilateral” de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, “obligando al cumplimiento de la medida” que se les aplicó a los 23 agentes militares que fueron imputados.
Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.
“Se cumplió una orden judicial. Todos recibieron, además de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta, por lo que corresponde aplicar la baja militar”, explicaron fuentes. Las voces que reivindican a los militares afectados, en tanto, señalan que “eran oficiales jóvenes en ese tiempo y no tenían poder de decisión”.
La resolución firmada por Petri, señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó el 30 de octubre del año pasado la baja de los oficiales jefe y oficiales subalternos. Pero recién este año y luego de un recordatorio de la PIA a Petri, la medida se hizo efectiva.
“La obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”, expresaba el mensaje de la Procuraduría.