Este viernes, las casas de altos estudios del país designaron nuevas autoridades en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Tal como se esperaba, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, fue elegido presidente del organismo, acompañado por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), como vicepresidente. Alpa, de filiación peronista, fue secretario de Políticas Universitarias en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Por su parte, Bartolacci representa al sector reformista dentro del CIN.
El encuentro se llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde Víctor Moriñigo concluyó su mandato al frente del consejo. Durante su despedida, agradeció el respaldo recibido durante un año que estuvo atravesado por dos masivas movilizaciones federales en defensa de la universidad pública. “Hoy venimos a cerrar un ciclo, a pensar el futuro y a reafirmar nuestro compromiso con la educación superior pública”, expresó Moriñigo.
En su asunción, Alpa planteó la necesidad de trabajar en una nueva legislación que garantice fondos para las universidades y permita repensar el modelo educativo. Bartolacci, quien en el futuro encabezará el CIN según la dinámica rotativa del organismo, también hizo hincapié en avanzar hacia una segunda reforma universitaria, incorporando innovaciones como el sistema de créditos académicos, carreras más breves y planes de estudio actualizados.
“Imagino un gran congreso pedagógico nacional universitario, que reúna a todo el cuerpo docente para debatir los desafíos actuales como la inteligencia artificial y los cambios en el aula. Reivindicar la universidad también implica impulsar transformaciones”, afirmó Bartolacci en un comunicado de la UNR. Desde esa misma casa de estudios proviene Joaquín Carvalho, recientemente elegido presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Más allá del recambio dirigencial, el encuentro volvió a poner sobre la mesa la crítica situación económica que enfrentan las universidades públicas. En un documento titulado “La universidad pública y la ciencia, en crisis profunda”, se denunció el agravamiento del ajuste en lo que va del año. “La precariedad a la que se ha sometido al sistema educativo y científico nacional en 2024 se profundizó aún más en los primeros meses del nuevo ciclo”, reza el texto.
Entre los principales puntos señalados figuran el deterioro salarial de docentes e investigadores, la merma de becas para estudiantes, el estancamiento de obras de infraestructura, el recorte en ciencia y tecnología y la desactualización de los fondos de funcionamiento. “Por segundo año consecutivo no contamos con un presupuesto aprobado. Eso genera incertidumbre, impide planificar y da lugar a decisiones discrecionales”, denunciaron.
El CIN además remarcó que, pese a los avances del año pasado, los fondos asignados para gastos operativos quedaron nuevamente por detrás de la inflación. “A la pérdida acumulada en 2024, se suma que lo transferido en los primeros tres meses de este año es menor –en valores nominales– a lo recibido a fines del año pasado. Desde enero, la diferencia entre el incremento de precios y las partidas asignadas alcanza el 134%”, advirtieron.
El colapso salarial es otro de los ejes del reclamo. Esta situación ya derivó en un paro nacional los días 17 y 18 de marzo, justo al inicio del calendario académico. La UBA declaró la “emergencia salarial” para docentes y no docentes, como ya lo había hecho el año anterior. “El desfase entre inflación y aumentos desde fines de 2023 hasta marzo de 2025 supera el 80%, lo que empuja a miles de trabajadores universitarios a ingresos por debajo del umbral de pobreza”, detalla el comunicado.
Para los rectores, el sistema científico atraviesa una de sus peores etapas. Señalaron que si el ajuste continúa, la situación podría volverse “terminal”. “No hay recursos para infraestructura, equipamiento ni convocatorias. Se interrumpen proyectos, no hay producción de conocimiento aplicado ni inversión en investigación. El capital humano altamente calificado se pierde y eso costará décadas recuperar”, alertaron.
“El escenario es crítico, y la ausencia de respuestas solo suma dilación y desinterés”, subrayaron. “Si no se atienden de forma urgente las demandas salariales y presupuestarias, el sistema universitario no podrá sostenerse”, afirmaron desde el CIN.
En ese sentido, reclamaron al Ejecutivo nacional una mejora urgente en los fondos de funcionamiento, el cumplimiento de las partidas específicas, actualización de becas, reactivación de obras de infraestructura y una negociación salarial justa en el ámbito paritario. Además, anunciaron la creación de una comisión para elaborar un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que será presentado en el Congreso. Incluso se baraja la posibilidad de impulsar una consulta popular vinculante para evitar un nuevo veto presidencial, como ocurrió en 2024.
Pese a la tensión creciente, desde el CIN reiteraron su disposición al diálogo. Solicitaron al Ministerio de Educación la apertura de un espacio institucional para tratar los temas críticos del sistema universitario y alcanzar soluciones rápidas y efectivas.