El Gobierno Nacional dio un golpe de timón en la contratación de obra pública con la firma del Decreto Delegado 105/25, que elimina un mecanismo vigente desde hace 80 años y que, según el oficialismo, garantizaba la corrupción estructural en el sector. La medida, anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pone fin al Registro de Constructores instaurado en 1947 y cambia las reglas de juego para adjudicar proyectos de infraestructura.
Qué cambia con el decreto
Hasta ahora, el sistema imponía un tope de “capacidad de contratación” a las empresas, lo que en la práctica aseguraba un reparto equitativo de los proyectos sin necesidad de competir. Con la nueva normativa, esa restricción desaparece: ahora una misma empresa podrá acceder a varios contratos si demuestra capacidad para ejecutarlos.
Además, se modifican los criterios para evaluar antecedentes. Antes, solo se reconocía la obra pública realizada, lo que limitaba la competencia a empresas con experiencia estatal. Ahora, también se podrán acreditar antecedentes en el sector privado o suplir la falta de experiencia con garantías financieras. Esto abre la puerta a nuevas compañías, nacionales e internacionales, que antes quedaban fuera del sistema.
Otro punto clave es la agilización de las garantías. Hasta hoy, ejecutarlas requería un complejo proceso judicial que favorecía a las empresas que incumplían contratos. Con el nuevo esquema, el cobro será más rápido y efectivo, reduciendo los riesgos de corrupción y paralización de obras.
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Un sistema más simple y competitivo
El decreto también deroga la Ley 22.460, unificando los mecanismos de contratación en un solo esquema. Aunque el gobierno de Milei ha dejado claro que no financiará obras provinciales ni municipales, considera que era necesario desmantelar el entramado burocrático que, según Sturzenegger, permitió casos emblemáticos de corrupción como los de Lázaro Báez, José López y la causa de los cuadernos.
La reforma fue impulsada por la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Oficina Nacional de Contrataciones. Según Sturzenegger, el involucramiento del presidente Milei en la decisión fue clave para llevar adelante una transformación que ningún gobierno había encarado en casi ocho décadas.
“El primer presidente que realmente quiso cambiar las cosas lo hizo”, celebró el ministro en un mensaje en redes sociales. Con esta decisión, el Gobierno busca inaugurar una nueva era en la obra pública, donde el mercado y la competencia reemplacen al reparto asegurado.