En un fallo dividido, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la orden de desalojo de un predio de 2.000 hectáreas ubicado en Los Parlamentos, en el distrito de El Sosneado, que afecta a la comunidad mapuche Lof Yanten Florido.
Esta decisión se produce en medio de un debate sobre los derechos ancestrales de las comunidades indígenas y las pretensiones de propiedad de particulares.
El alcance del fallo fue explicado por el máximo tribunal provincial, que rechazó un recurso extraordinario presentado por los miembros de la comunidad y la familia Martínez, quienes argumentaban que eran poseedores ancestrales de las tierras.
La acción de desalojo había sido presentada inicialmente por Francisco Greco, el propietario registral del predio, quien reclamaba su derecho sobre las tierras tras un acuerdo en comodato con un antepasado de los demandados.
Con los jueces Dalmiro Garay y Teresa Day alineados con la decisión de desestimar el reclamo, solo el ministro Omar Palermo se mostró en disidencia, sugiriendo que se debería considerar la importancia de los derechos de las comunidades indígenas, tal como se establece en la Constitución nacional de 1994.
Desde el gobierno provincial, el Gobernador Alfredo Cornejo celebró este fallo, considerándolo una victoria en la defensa de las tierras mendocinas. “Celebro el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que ratificó la orden de desalojo de un predio de 2.000 hectáreas en El Sosneado, rechazando el recurso extraordinario presentado por una comunidad mapuche que argumentaba una supuesta posesión ancestral del lugar”, manifestó Cornejo en un comunicado oficial.
El gobernador no escatimó en criticar al gobierno nacional anterior, que había cedido 26.000 hectáreas a grupos mapuches. "Lo dijimos en su momento y lo repetiremos cada vez que intenten usurpar nuestras tierras. Los antecedentes históricos demuestran claramente que esta comunidad no vivió nunca en Mendoza”, afirmó, defendiendo así la postura del gobierno provincial en esta controvertida disputa territorial.
El impacto de esta decisión ha resonado en la comunidad y ha generado una serie de interrogantes sobre los derechos de las comunidades indígenas en la región. Mientras que para Cornejo y su administración el fallo representa una reafirmación de la propiedad de la tierra, para muchos defensores de los derechos indígenas, el conflicto pone de relieve las luchas históricas de los pueblos originarios por el reconocimiento y respeto a sus tierras y culturas.
El juez disidente, Omar Palermo, también dejó clara su inquietud sobre el impacto que esta decisión puede tener en la comunidad: “Es obligación de este poder del Estado habilitar espacios donde estos interrogantes puedan ser profundizados y respondidos. La cancelación de esa posibilidad conlleva consecuencias irreparables”. Sus palabras añaden una capa de complejidad al fallo, sugiriendo que el tema de los derechos indígenas en Mendoza aún debe ser abordado con mayor profundidad y sensibilidad.