La decisión del titular de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, fue cuestionada por la querella de “Memoria Activa”.
La fiscalía a cargo de la causa por el atentado a la AMIA pidió el sobreseimiento de 12 imputados vinculados desde hace más de dos décadas a diferentes líneas de investigación, entre ellas la llamada “pista siria”, en el expediente por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas.
La decisión del titular de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, fue cuestionada por la querella de “Memoria Activa”, que en un escrito se opuso a esa pretensión, analizada en el juzgado federal 6 a cargo de la causa, informaron a Télam fuentes judiciales.
El abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda rechazó los pedidos de sobreseimiento y advirtió, entre otros argumentos, que “existe una enorme cantidad de documentación desclasificada que aún resta ser analizada en forma adecuada”, según el texto al que tuvo acceso Télam.
“La voluminosidad de un legajo no indica, necesariamente, la existencia de una investigación judicial exhaustiva y eficaz”, cuestionó en el escrito presentado el 19 de septiembre último en el que se opuso al sobreseimiento de los vinculados a la “pista siria” y al volquete dejado en la puerta de AMIA antes del atentado.
El fiscal Basso solicitó a la actual jueza que subroga ese juzgado, María Eugenia Capuchetti, que dicte el sobreseimiento de investigados en la llamada “pista siria”, en otra relativa al volquete dejado en la puerta de Pasteur 633 antes de la explosión y la provisión de explosivos. y en la relativa a una concesionaria que tenía relación con Carlos Telleldín, último poseedor de la Traffic usada como coche bomba en el hecho.
En tres dictámenes firmados el 30 de abril pasado y difundidos ahora, la fiscalía remarcó que se considera probado que el atentado fue perpetrado por un “grupo operativo de Hezbollah como brazo ejecutor de Irán” y que los sobreseimientos se piden por “pistas que parecían posibles pero quedaron descartadas.
“Se busca sincerar la investigación y concentrarse en lo que corresponde”, explicaron a Télam fuentes de la UFI AMIA.
Los pedidos de sobreseimiento se cursaron para Alberto Jacinto Kanoore Edul (hijo), el expolicía bonaerense Víctor José Chabán, el por entonces dueño de una empresa de volquetes, “Santa Rita”, Nassib Haddad y sus familiares Pablo, Javier y Guillermo, y otro grupo de imputados que en esa época pertenecían a la concesionaria “Alejandro Automotores”.
Se trata de Víctor Monjo, Gabriel Meli, Edgardo Yema, Rodolfo Setau, Marcelo Delacour y Antonio Quiroga.
En relación a la llamada “pista siria”, Basso sostuvo que “tras una extensa investigación, no se han logrado colectar elementos de prueba que nos permitan sostener que Alberto Jacinto Kanoore Edul y/o Víctor José Chabán hayan participado, colaborado o contribuido de alguna manera, en la comisión del atentado a la sede de la AMIA”, según el dictamen al que tuvo acceso Télam.
El fiscal recordó que no está cuestionada en la causa la amistad que unía a los ya fallecidos Alberto Kanoore Edul y el entonces presidente Carlos Menem, por lo cual este último fue acusado de desviar la investigación de esa hipótesis.
Alberto Kanoore Edul estuvo imputado también en la causa, era el padre de Jacinto Kanoore Edul y falleció el 27 de agosto de 2010.
“Con absoluta independencia del tipo de relación que pudiera haber ligado a ambas familias (amistad, actividades comerciales, vecindad, etc.), lo cierto es que no se acreditó -de ningún modo- que alguno de sus miembros hubiese tenido trato con Moshen Rabbani ni, mucho menos, que hubieran colaborado o participado en el ataque a la mutual judía”, argumentó la fiscalía.
Rabbani tiene pedido de captura internacional por el atentado, era agregado cultural en la embajada de Irán y su número de teléfono apareció en agendas de varios imputados.
En el caso de Monjo y los imputados vinculados a la Traffic, están con falta de mérito desde noviembre de 1997 y Basso consideró “agotada la producción de medidas probatorias que pudieran aportar datos de interés” y recordó que el Tribunal Oral Federal 3 que absolvió a Telleldín dio por probado que el vehículo le fue vendido en una operación de las que de manera habitual se realizaban en el lugar.
El comercio que manejaban, “Alejandro Automotores”, según la causa judicial, vendió al ahora absuelto como partícipe necesario Telleldín la camioneta Traffic que luego fue usada como cochebomba por quienes perpetraron el ataque, que aún permanece impune.
“No se acreditó que los imputados hayan realizado alguna actividad con la camioneta luego de su entrega a Carlos Alberto Telleldín. Como se viene analizando hasta el momento, existía un vínculo comercial de la agencia con Carlos Alberto Telleldín, quien adquirió distintos vehículos en ese lugar, entre los que se encontraba la camioneta de interés en esta investigación”, agregó en el dictamen firmado para su caso.
En relación a los Haddad, proveedores del volquete, la Unidad fiscal AMIA concluyó que en la causa judicial abierta desde 1994 no se determinó que ese elemento colocado porque la AMIA estaba en refacciones haya tenido relación con el ataque ni se logró vincularlo al explosivo usado.
“No pudo acreditarse que la existencia del volquete formara parte del plan criminal” y “tampoco se detectó alguna irregularidad en el uso y destino del material explosivo, ni puede afirmarse que el material detonante por ellos adquirido haya sido utilizado para la voladura de la AMIA”, concluyó el fiscal.
En el dictamen remarcó que “no fue posible corroborar, siquiera mínimamente, la conexión de la familia Haddad con el hecho terrorista investigado” y “cada una de esas hipótesis fueron profundamente investigadas, arrojando todas ellas resultado negativo”.
Según la causa judicial, en el ataque se usó una camioneta Traffic convertida en cochebomba y el último poseedor de ese vehículo antes de su entrega a quienes cometieron el atentado fue Telleldín, absuelto el 20 de marzo pasado en un segundo juicio oral.
El juzgado federal 6 estaba a cargo del juez jubilado Rodolfo Canicoba Corral y ahora es subrogado por diferentes magistrados.
Desde el 5 de octubre próximo quedará a cargo del juez federal Daniel Rafecas.