En un nuevo capítulo de la causa por corrupción y lavado de activos que sacude a la política argentina, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, envió este martes un exhorto a Paraguay solicitando la extradición del exsenador entrerriano Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Costa. Ambos se encuentran bajo arresto domiciliario en Asunción tras ser sorprendidos cruzando la frontera con 211.000 dólares sin declarar.
El pedido, gestionado a través de la Cancillería argentina, busca no solo el traslado detenido de los imputados, sino también la realización de medidas de prueba clave en Paraguay. Según informaron fuentes judiciales, la magistrada exigió el allanamiento del departamento donde Kueider y Costa cumplen arresto, así como el secuestro de dispositivos electrónicos y documentos que puedan arrojar luz sobre el presunto esquema de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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Una red de corrupción que crece
Kueider, quien ya no cuenta con fueros parlamentarios, enfrenta una batería de acusaciones: enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y lavado de activos. La causa también incluye el rol de su secretaria, Guinsel Costa, quien según las pruebas recopiladas gestionaba gastos relacionados con propiedades vinculadas al exsenador.
La investigación de Arroyo Salgado abarca los nexos entre Kueider y la empresa Betail SA, sociedad propietaria de tres lujosos departamentos en Concordia, cuyo valor excede ampliamente los ingresos declarados por el exsenador en su paso por la función pública. Además, se busca esclarecer su participación en una red de sobornos ligada a contratos adjudicados por la empresa provincial de energía ENERSA, donde Kueider era representante estatal.
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Sobornos y lavado: vínculos con Securitas
El caso de Kueider está además conectado con otra causa que involucra a la empresa de seguridad privada Securitas. La fiscalía federal de San Isidro, liderada por Fernando Domínguez, investiga el pago de coimas a funcionarios entrerrianos para asegurar contratos con ENERSA, lo que amplifica el alcance de la presunta asociación ilícita.
El exhorto subraya la importancia de la colaboración internacional para el esclarecimiento del caso. La jueza también informó a la Justicia paraguaya sobre la necesidad de incautar celulares, computadoras y otros elementos que podrían contener información crítica para la causa, además de señalar que los imputados son requeridos para declarar como parte de la asociación ilícita que habría operado desde 2017.
La política en el ojo de la tormenta
Mientras tanto, Kueider ha intentado revertir su situación legal a través de una acción de amparo presentada ante la Justicia Contenciosa Administrativa Federal de Buenos Aires, aún sin resolución. Sin embargo, la pérdida de sus fueros parlamentarios deja el camino abierto para su detención en territorio argentino.
La causa promete abrir un debate sobre la impunidad y los entramados de corrupción en la función pública, mientras la justicia avanza en busca de respuestas sobre el manejo del dinero público y el origen de las fortunas involucradas.