Han pasado más de tres años desde esa tarde del 5 de abril de 2020. Pandemia de por medio en la provincia de San Luis, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), sin test masivos y la Policía envalentonada en las calles era la moneda corriente (esto último aún lo es). En la localidad de Santa Rosa del Valle del Conlara, a 270 kilómetros de la capital puntana, Florencia Magalí Morales (de 39 años) se dirigía a comprar a un negocio de cercanía cuando fue abordada por agentes de la Policía de San Luis. Pasadas unas horas se conoció la noticia de que la joven se habría “suicidado” con un cordón en su celda, según el relato oficial del momento.
La primera autopsia, realizada el día 6 de abril por el médico forense Gustavo Lafourcade Durán, estableció cómo causa de muerte una “asfixia mecánica causada por un cordón”. Sin embargo, la segunda autopsia realizada en agosto reveló que Morales tenía “lesiones compatibles con autodefensa”, además de invalidar la primera autopsia por “errores técnicos”. En esta autopsia participó Vanina Elizondo, una perito propuesta por la familia de Morales, quien declaró que “en el cuello faltaban los músculos esternocleidomastoideos, que son los que marcan cuando hay compresión extrínseca, faltan carótidas, faltan paquetes vasculonerviosos. No desaparecen por efecto de la putrefacción”.
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¿Qué cambió desde ese día hasta la actualidad?
Las últimas noticias que se tienen sobre el caso de la mujer oriunda de la provincia de Mendoza es que la causa cambió la carátula a “torturas agravadas por el resultado de muerte”. En un principio era “vejaciones, lesiones y mal desempeño de funcionarios públicos”. Además, todos los imputados se encuentran procesados cómo coautores. Ellos son el comisario Reinaldo Clavero, el subcomisario Marcos Ontiveros, la suboficial Eugenia Argüello y la agente Victoria Torres.
Los cuatro policías implicados fueron apartados de sus cargos en noviembre del año pasado por “faltas disciplinarias gravísimas”, en referencia a la causa por la muerte de la joven. Sin embargo, los cuatro se encuentran en libertad. Fueron procesados e indagados por el juez Jorge Osvaldo Pinto, sin embargo, ordenó la excarcelación con previo pago de fianza, por lo cual nunca estuvieron presos. Paradójicamente, el mismo juez le había iniciado un sumario a Morales por incumplimiento del ASPO, resistencia a la autoridad y lesiones contra la autoridad.
Hace pocos días se realizó una movilización en Santa Rosa del Valle de Conlara que llegó hasta la comisaría donde Morales falleció. Allí familiares de la víctima declararon: “Queremos que se haga justicia, nada más, no pedimos otra cosa y que sus hijos sepan que no se mató, la mató la Policía". Además, destacaron que seguirán reclamando por justicia, denunciaron que el Poder Judicial oculta pruebas con el fin de encubrir a los policías implicados en el hecho y resaltaron que nadie se suicida en una comisaría, que a Magalí Morales la mató la fuerza represiva del Estado.
El caso Morales fue un punto de inflexión en la provincia. Desde prácticamente todos los sectores de la sociedad se repudió el crimen y se pidió el esclarecimiento del mismo hasta el día de la fecha de la mano de distintas organizaciones feministas, sociales y políticas. Sin embargo, la violencia policial nunca cesó en la provincia. Se conoce la existencia de casos de abuso, encubrimiento y persecución, hasta represión y abuso de poder sobre jóvenes rapeando en una plaza.
El PTS en el Frente de Izquierda junto a la Agrupación Pan y Rosas piden el esclarecimiento del caso. Cárcel inmediata para los policías implicados, para la “justicia” cómplice de femicidios y para todos los responsables políticos. Nadie se suicida en una comisaría. A Magalí Morales la mató la Policía.