A dos meses del asesinato de la mendocina Florencia Magalí Morales, encontrada sin vida en una celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, la investigación judicial sobre lo que la policía quiso hacer pasar como un suicidio se encuentra paralizada. El abogado de la familia, Santiago Salomón Calderón, recusó al juez de la causa por haber frenado todas las medidas de prueba que debían ser realizadas de manera urgente. Esa recusación se produjo cuando este magistrado, ante le pedido de una nueva autopsia, decidió que la misma sea a cargo de la familia, lo cual no corresponde desde el punto de vista económico, pero tampoco desde la elemental lógica procesal respecto de que el cuerpo es la prueba más importante y sólo los auxiliares de la justicia pueden garantizar la cadena de custodia del mismo. “Los policías están libres hasta que no declaren, ni siquiera están procesados, están trabajando en otras dependencias”, dijo el abogado. San Luis es una provincia con mayor muertes en comisarías que por coronavirus.
El 5 de abril Florencia Morales –una mujer de 39 años empleada de un hotel, madre y abuela sola– había salido en bicicleta a buscar comida y terminó encerrada en una celda presuntamente por haber violado la cuarentena dado que la terminación de su documento de identidad no le permitía circular ese día, tal la disposición en esa provincia respecto del aislamiento social obligatorio. A la tarde del mismo día la encontraron ahorcada con el cordón de una prenda, luego de haber pasado horas pidiendo auxilio.
Todo es consecuencia de la apelación, por las deficiencias y omisiones del forense en la primera autopsia, se conformó una junta médica que ratificó esto y solicitó nuevos puntos de pericias, pero el juez Jorge Pinto hizo cargo a la familia de los costos de una nueva autopsia. “Hizo lugar a una reautopsia, pero impuso los costos del traslado del cadáver a la familia, es grave el atropello de que se les imponga económicamente el costo de la investigación, porque no es nada barato, pero lo peor es que la cadena de custodia de esta prueba esté en manos de familiares puede ser pasible de nulidad, tiene que ser policía científica la que lleve a cabo ese traslado porque el cadáver es prueba”, explicó Calderón Salomón.
A pesar de esta apelación en la Cámara el proceso debería continuar. “Pero el juez suspendió todo a raíz de la apelación, las testimoniales de los policías y de los testigos que la escucharon gritar, tampoco están los resultados de las pericias de los celulares y de las filmaciones, es decir, todo está frenado por eso solicitamos la recusación del juez, consideramos que no está haciendo imparcial, está perjudicando el caso”, agregó el letrado. Así quedaron a la espera de que los camaristas puntanos resuelvan sobre la autopsia y sobre la recusación del magistrado, pero con la preocupación de que las primeras etapas son esenciales, tienen que transcurrir sin omisiones o posible ocultamiento de pruebas.
Cuando Florencia fue encontrada muerta en su celda la escena parecía indicar que se había ahorcado y el caso comenzó a investigarse como “averiguación de suicidio”. Pero esto fue rechazado de inmediato por sus familiares, quienes denunciaron públicamente que a la había matado la policía. Para Calderón Salomón no está claro aún qué sucedió. “Hay una versión que dice que fue detenida en la vía pública y otra que fue detenida en dependencias de la comisaría a la que había ido a buscar a un oficial que conocía. Para esclarecer este punto, pedimos las cámaras de seguridad, pero a dos meses esa prueba no ha sido proveída”, explicó el abogado. Los testigos que aún no declararon también son importantes para reconstruir qué pasó en la comisaría 25 de esa localidad puntana, porque antes del hallazgo del cuerpo los habían trasladado.
“Dos testigos dijeron que Magalí pedía auxilio, que gritó por horas y horas, que pateaba la puerta de madera, ni siquiera había rejas; que pedía ayuda, un médico e ir al baño. Los dos coinciden en esto. Tenemos elementos de sobra para sospechar de la responsabilidad de la policía, fallaron en la obligación de cuidarla, bajo su custodia. Ahora hay que ir para arriba, una cosa es que se les haya suicidado una persona pero otra es que la hayan inducido al suicidio, que le hayan tirado el cordón, la hayan golpeado. Es importante que esos testigos manifiestan que los trasladan a otra dependencia, lo último que escucharon son esos gritos de auxilio, decía ‘me falta el aire’, ‘necesito un médico’. Y se queda sola en la comisaría, supuestamente porque en la otra dependencia no había baño femenino. Quedó a merced de los policías”, dijo el abogado.
La primera autopsia había revelado que Morales murió por asfixia mecánica pero nunca había afirmado que fue por ahorcamiento. También reveló que la mujer tenía heridas de autodefensa. Nadie vio su cuerpo colgado, todos los testimonios dicen que estaba en el piso, por lo que los investigadores de la familia suponen que el cadaver fue manipulado.
El caso de la muerte de Florencia Morales, a la vez que ha generado mucha indignación y bronca en la sociedad puntana, se ha sumado a la larga lista de abusos policiales en San Luis, los que desde el comienzo de la cuarentena obligatoria, no han parado.
La muerte de esta mujer, que según su hermana Andrea no tenía ninguna razón para quitarse la vida, se suma a otras ocurridas en el contexto de los operativos de cumplimiento de la cuarentena como la de Luis Espinoza en Tucumán. El 29 de abril, también en San Luis, un joven de 16 años apareció muerto en la Comisaría del Menor de la Ciudad de Villa Mercedes. Por esa fecha la provincia sumaba esas dos “muertes dudosas” a 5.800 detenciones con denuncias de abuso policial, y ningún muerto por la pandemia. Esto generó preocupación a nivel nacional, al punto que la ministra de Seguridad Sabina Frederic mantuvo contacto con el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Por otra parte, la ONU incluyó la muerte de Morales entre los femicidios ocurridos en el país.