El Gobierno nacional está ultimando detalles de una ambiciosa reforma migratoria que promete reconfigurar las políticas de ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina. El proyecto, que modifica la Ley de Migraciones (25.871), busca mayores restricciones en el acceso a la residencia y controles más exhaustivos en las fronteras, y será enviado al Congreso en las próximas sesiones ordinarias.
Entre los puntos más destacados, la reforma plantea un régimen más estricto para estudiantes extranjeros, denunciando que, durante la gestión anterior, no hubo un control riguroso de la documentación. Según fuentes del Ejecutivo, algunos estudiantes permanecieron en el país después de asistir solo un par de meses a sus instituciones educativas.
Además, el proyecto introduce nuevas limitaciones para inmigrantes ilegales que buscan obtener la residencia tras el nacimiento de hijos argentinos. Actualmente, el trámite requiere documentación como pasaporte, partida de nacimiento del país de origen y antecedentes penales, pero el Gobierno considera necesario endurecer estas condiciones para evitar abusos.
Aranceles y controles fronterizos
La reforma también retoma las medidas de arancelamiento sanitario y educativo para extranjeros no residentes, anunciadas en diciembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Estas incluyen el cobro por servicios de salud y acceso a la universidad, en un esfuerzo por aliviar la carga del sistema público.
En paralelo, la administración de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso en marcha el Plan Güemes, que refuerza el control fronterizo en el límite con Bolivia mediante la incorporación de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Este operativo busca frenar el tráfico ilegal y consolidar una línea de defensa en el norte del país.
Te puede interesar
Un nuevo enfoque en seguridad nacional
La reforma no solo responde a cuestiones migratorias, sino que se inscribe en una política de seguridad nacional con alcance internacional. Fuentes oficiales vinculan esta estrategia a la posición geopolítica de Argentina en favor de Israel y las tensiones con Irán, que llevaron al Ejecutivo a incrementar las precauciones ante posibles amenazas externas.
En este marco, el Gobierno impulsa la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno, como el combate contra el narcotráfico y el terrorismo extranjero. Dos decretos recientes habilitan su participación activa contra organizaciones criminales que buscan operar en el territorio nacional.
El legado del programa Patria Grande
La reforma representa un giro significativo respecto al programa de regularización migratoria Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que permitió a más de 565.000 personas obtener la residencia legal hasta 2007. El actual proyecto endurece las condiciones para ciudadanos de países del Mercosur y exige la ausencia de antecedentes penales como requisito imprescindible.
La Casa Rosada sostiene que esta reforma es un paso necesario para garantizar la soberanía territorial, prevenir abusos y proteger a la población. La fecha exacta para su tratamiento legislativo aún no ha sido confirmada, pero ya está claro que el debate será intenso.