Para el fiscal general Dante Vega, quien sin duda ha sido un personaje clave para resolver los delitos de lesa humanidad ocurridos en Mendoza, el concepto de “memoria completa” tal y como se ha difundido en los últimos días por parte de distintos actores del gobierno nacional, es una falacia.
“No existe un concepto de memoria completa o incompleta, existe una memoria”
Entrevistado en Radio Jornada (91.9) Vega también calificó como positiva la desclasificación de archivos del gobierno de facto que se inició en 1976, sin embargo, señaló algunas cuestiones a tener en cuenta. Una de las fundamentales es sobre quién los va a leer y a explicar, porque el gobierno de Javier Milei ha despedido a muchos de los trabajadores que realizaban esta tarea.
Para qué sirve la desclasificación de archivos de la dictadura militar
El fiscal destacó y hasta celebró la decisión de abrir y desclasificar archivos de la dictadura militar. Dijo que siempre es importante este tipo de acciones en un Estado de Derecho.
Sin embargo, marcó algunos reparos, sobre todo en cuanto a quién los va a desarchivar, a leer y a interpretar.
Esto, porque según indicó, el gobierno de Javier Milei ha desvinculado de su trabajo a una gran cantidad de personas que se dedicaban a esta tarea.
Por otra parte, aseguró que, si bien los testimonios de las víctimas han sido la prueba por excelencia para llevar adelante las causas por delitos de lesa humanidad, los documentos sirven como marco de referencia de los testimonios.
Según Vega, ninguno de estos procedimientos u operativos fue librado al azar, sino que respondieron a una planificación, esta es la que se intenta determinar a través de los documentos.
Ni completa ni incompleta: una sola memoria
Acerca de la búsqueda de justicia de los hechos que ocurrieron durante la dictadura militar, Vega sostuvo que “la memoria es un proceso colectivo, que se basa en los hechos que ocurrieron, no en los que no ocurrieron. La memoria tendría que haber incluido un juicio para los que cometieron delitos y que pertenecían a organizaciones guerrilleras, pero esto es fáctica y jurídicamente imposible, porque en lugar de poner el aparato estatal disponible para encarcelarlos y llevarlos a juicio justo, los persiguió, los torturó y los desapareció. No se puede hacer un juicio contra desaparecidos. El Estado se dedicó a cazarlos”.
Jurídicamente, no se puede porque está instalada entre los delitos de lesa humanidad y los que no, el Estado debió perseguirlos, no los hizo y prescribieron. En cambio, los delitos de lesa humanidad no prescriben.
“Esto no significa reivindicar estos hechos, pero es imposible perseguir con la justicia a personas que el mismo Estado eliminó”.
En cuanto a la diferencia entre terrorismo realizado por grupos armados y terrorismo de Estado, la diferencia abismal entre ambos conceptos es que frente a focos terroristas el Estado puede interponer la Justicia, pero frente al terrorismo de Estado, no hay intervención posible, excepto la de los tribunales internacionales. Pero la asimetría es evidente y total.
Las causas de Mendoza
Dante Vega manifestó que aunque aún falta resolver algunas causas, los principales delitos cometidos en la dictadura en Mendoza han sido esclarecidos y sus responsables juzgados.
Por supuesto que quedan investigaciones por realizar, pero lo fundamental ha sido llevado a la Justicia.