El ex candidato a concejal del Partido Verde, Gabriel Ramos, está detenido desde el primer día de agosto por tener en su poder 75 videos que muestran a niños menores de 13 años teniendo relaciones sexuales con adultos y entre pequeños de la misma edad. La causa está a cargo del fiscal de instrucción de San Rafael, Javier Giaroli.
Además de Ramos, en la causa están siendo investigados otros dos implicados: Julián Valentín Herrera -20 años- y Maximiliano Solorza.
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Fuentes investigativas, comprobaron que el video número 75, fue en donde se detectó el tráfico de pornografía infantil. Fue la ONG lnternacional National Center for Missing and Exploited Children (que denunció a Ramos), y posteriormente lo envió a través de Facebook Messenger .
Al respecto, una fuente cercana al caso expresó: "Lo preocupante es que este video es de un niño que habla en español, de 8 años aproximadamente, siendo abusado sexualmente, y que afortunadamente ya hemos identificado a qué colegio pertenece porque tiene un uniforme del establecimiento".
Gabriel Ramos, según información suministrada desde el entorno judicial, había eliminado la aplicación Telegram dos días antes del allanamiento en San Rafaeal. Si bien, desintaló la App, pero hizo lo mismo con el material -contenido- de su teléfono, por lo que los peritos no tuvieron demasiados inconvenientes en descubrir estas imágenes aberrantes.
El repudio del Partido Verde
Desde el Partido Verde emitieron un comunicado repudiando lo ocurrido: “Estamos sumamente preocupados por los hechos que han sido de conocimiento público en las últimas semanas. Esperamos que la justicia actué con celeridad. Condene a los responsables en el caso que ha tomado estado público en el departamento, e involucra a una persona que estuvo brevemente vinculada a nuestra fuerza política, además de haber sido militante de otros espacios en donde encabezó las juventudes del departamento, y hace más de un año, por decisión personal, decidió ya no formar parte de nuestra militancia“.
A su vez, expresaron: “Nuestro Partido está a disposición de la Justicia y hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas de la provincia y el país, para activar los resortes para prevenir estos aberrantes actos. La protección de los Derechos de la Niñez deben ser un absoluta prioridad para todos los actores políticos, la justicia federal y provincial, y el gobierno”.
Finalmente rechazaron “cualquier intento de vincular a nuestra fuerza política con acciones que van en contra de los principios que defendemos. Continuaremos trabajando con el compromiso de siempre, repudiando y condenando estas prácticas y defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.