El concejal de la Coalición Cívica, Gustavo Gutiérrez, se encuentra en el centro de una controversia tras la denuncia de un particular que alega una posible incompatibilidad en la percepción de su salario como edil y su jubilación.
La comuna sostiene que existe una clara incompatibilidad y que el concejal habría falseado su Declaración Jurada (DDJJ), mientras que Gutiérrez defiende su posición y denuncia una "operación" en su contra debido a sus críticas a la gestión municipal.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha iniciado una serie de procedimientos para investigar si Gutiérrez infringió la ley 6921, que regula las incompatibilidades de recibir múltiples ingresos en casos como el suyo, donde uno es un haber jubilatorio. La situación se originó a partir de un formulario de Acceso a la Información Pública presentado por un ciudadano, Tomás Montenegro, quien solicitó información sobre si el concejal había declarado su doble ingreso en su DDJJ.
Gutiérrez asumió su cargo en diciembre pasado en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, ingresando por las listas de La Unión Mendocina, gracias a una alianza entre la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, y el frente del ex intendente Omar De Marchi.
Tras recibir el formulario, la administración de Ulpiano Suárez solicitó a Anses su intervención, para confirmar si Gutiérrez efectivamente está percibiendo un haber jubilatorio. Asimismo, la Oficina de Ética Pública también fue notificada y se espera su respuesta sobre la declaración presentada por el concejal.
En su última declaración, presentada el 22 de febrero de 2024, Gutiérrez declaró varios activos, incluyendo participaciones en sociedades no cotizantes y productos bancarios. Sus ingresos anuales provienen de su rol como concejal y su trabajo como docente en el Instituto Cuyano de Educación Integral S.A. En la categoría de “otros ingresos”, indica que recibe dinero por concepto de alquileres.
Los argumentos de la incompatibilidad se basan en los artículos 30 y 30 bis de la ley 6921, que estipulan que quienes reciban beneficios jubilatorios y ocupen cargos en la administración pública deben interrumpir su jubilación o renunciar a su cargo. La ley establece que, en caso de incumplimiento, la administración debe requerir que se suspenda el beneficio y que se devuelvan las sumas recibidas de manera indebida.
La defensa de Gutiérrez
Gustavo Gutiérrez, por su parte, ha calificado la situación como una campaña en su contra, resaltando que su intención es simplemente ejercer legítimamente sus derechos constitucionales: el de la seguridad social y el de ser electo. “Niegan categóricamente haber mentido en mi DDJJ, y si existiera alguna irregularidad, deberían notificarme oficialmente, lo cual no han hecho”, afirmó.
En relación con el proceso, la municipalidad espera recibir la información solicitada para tomar las medidas correspondientes. En caso de que se verifique la incompatibilidad, Gutiérrez podría verse obligado a restituir unos $20 millones por los diez meses que ha ejercido su cargo. Desde la comuna se señaló que, si se confirma la irregularidad, procederán a dejar de pagar y que el organismo de Ética Pública determinará las acciones a seguir, incluyendo la elección entre los dos ingresos.