Los reclamos por parte de miles de personas que se dedican a prestar servicios al área de discapacidad en el país se hicieron oír una vez más en el marco de una marcha a la que nuevamente se sumaron familiares de personas con discapacidad y pacientes que resultan directamente afectados por los atrasos en los pagos de las obras sociales.
La situación más grave, que viene siendo advertida desde hace meses por parte de los propios afectados que se quedan sin las correspondientes prestaciones, se enmarca en el actual contexto de crisis financiera de país, ya que los fondos que las prestadoras destinan al pago de los profesionales (terapeutas, kinesiólogos y acompañantes) y transportistas son derivados desde la Superintendencia de Servicios de Salud.
A su vez, esta área se nutre del dinero que le llega de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El jueves pasado, luego de la reunión que los representantes de entidades de todo el país mantuvieron en el edificio de esa cartera oficial para conocer la propuesta del Gobierno Nacional en este sentido y exponer su realidad, hubo una notoria disconformidad en todo el país: los pagos se realizaron, según sostienen, de manera dispareja y con irregularidades
. Por eso hoy, la medida de fuerza se hizo sentir con una marcha que reunió a miles de personas en calle Santa Fe (Capital Federal).
Las provincias, como Mendoza se unieron desde hace tiempo para dar a conocer las problemáticas que afrontan más de 5 millones de personas con discapacidad en Argentina. El sábado por la mañana, de hecho, se concretó una movilización que se emplazó en la zona del nudo vial.
Ocurrió que tras las dilaciones en los pagos por más de tres meses a los prestadores de servicios generales y de salud miles de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores se vieron de repente sin poder acceder a esos servicios o bien, tuvieron que pagarlos de manera particular.
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Además, miles de profesionales sintieron el impacto en sus bolsillos con un retroceso que se complejizó en el actual contexto de inflación.
El jueves pasado, los representantes del colectivo que a nivel nacional nuclea a las personas con discapacidad y sus familias, junto al sector de los prestadores de servicios, se reunieron en la Superintendencia de Servicios de Salud (con sede en Capital Federal) con el fin de lograr un acuerdo con las autoridades para que los pagos a las obras sociales estén garantizados.
Lo cierto es que tal acuerdo no conformó al sector y en la jornada de este lunes, los pedidos se reavivaron.